22 de Julio del 2025
El diputado Juan Pablo Escalante presentó ante el Congreso del Estado de Hidalgo una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para adicionar un párrafo que establezca una agravante en el delito de extorsión, cuando la víctima se dedique al comercio, prestación de servicios, actividades productivas o al transporte de personas o mercancías.
Desde tribuna, el legislador explicó que la propuesta tiene como finalidad fortalecer el marco jurídico en materia penal, dada la creciente incidencia de este delito que, aseguró, afecta directamente a sectores estratégicos de la economía local.
“El objetivo es castigar con mayor severidad a quienes cometen extorsión contra quienes diariamente se ganan la vida trabajando. Son comerciantes, transportistas, prestadores de servicios y productores que están siendo blanco de amenazas sistemáticas”, expresó.
Escalante detalló que la extorsión se manifiesta de diversas formas: llamadas desde números desconocidos con exigencias económicas, mensajes intimidatorios por redes sociales, cartas amenazantes o incluso agresiones presenciales. En el caso de los transportistas, relató cómo estos son abordados en sus unidades por extorsionadores que amenazan con violencia si no se cumplen sus demandas.
“Muchos de estos casos comienzan con una llamada o un mensaje exigiendo dinero a cambio de protección. Si la víctima no accede, las amenazas escalan”, denunció.
También señaló que la extorsión genera daños emocionales y psicológicos significativos, utilizados como herramientas de manipulación por los delincuentes. Los sectores agrícola y minero son, dijo, algunos de los más golpeados por esta forma de violencia.
Además del daño personal, la extorsión tiene consecuencias económicas graves. La inseguridad desincentiva la inversión y obliga al cierre de negocios, especialmente de giros como abarrotes, venta de alimentos y transporte público y privado.
“Estamos hablando de un delito que vulnera directamente la economía regional y pone en riesgo el ingreso de miles de familias. No solo destruye empleos, también desalienta el crecimiento económico”, afirmó Escalante.
Por ello, la iniciativa propone modificar el Código Penal para incrementar en una mitad la pena correspondiente al delito de extorsión, cuando se acredite que la víctima se dedica de forma habitual a cualquier actividad económica.
Actualmente, el Código Penal del Estado de Hidalgo establece penas para la extorsión que van de dos a ocho años de prisión y multas económicas de 15 a 250 días. Con esta modificación, se busca que, en los casos con agravante, las sanciones sean proporcionales al impacto social y económico que generan.
