14 de Agosto del 2025
En el marco de las elecciones del Poder Judicial, se ha destacado un tema fundamental: la libertad de expresión; he observado cómo este derecho enfrenta serios desafíos en el contexto electoral, y considero urgente reflexionar sobre ello desde una perspectiva, tanto profesional, como personal.
Sin duda, la libertad de expresión constituye el engranaje esencial de nuestra democracia, permite a ciudadanos, candidatos y medios participar en un diálogo abierto y necesario para la toma de decisiones informadas; sin embargo, durante las pasadas elecciones, presenciamos tensiones preocupantes que comprometieron este principio fundamental.
Me ha impactado particularmente cómo algunas voces se utilizaron para deslegitimar a opositores y críticos, si bien la crítica es inherente al juego democrático, con frecuencia se cruzó la línea hacia la desinformación y la difamación; estas prácticas no sólo afectan a quienes están en la mira, sino que distorsionan la percepción pública y pueden alterar el rumbo de lo que debería ser una elección justa.
En este panorama, el papel de los medios de comunicación ha sido determinante, mientras algunos han procurado informar de manera equilibrada, otros han sucumbido a la polarización, complicando aún más el ambiente electoral. Cabe preguntarnos si realmente estamos construyendo espacios para el debate constructivo o si, por el contrario, alimentamos divisiones que debilitan nuestra democracia.
Durante el proceso electoral, los medios operaron bajo restricciones del Instituto Nacional Electoral que, aunque buscan garantizar equidad, terminaron limitando significativamente el debate público. Si bien es necesario regular para evitar abusos mediáticos y desequilibrios informativos, el marco normativo actual resultó excesivamente rígido.
Los estrictos criterios de cobertura y la vigilancia constante generaron un ambiente de autocensura donde todos resultamos perjudicados: medios, candidatos y principalmente, ciudadanos.
Particularmente preocupante fue la actuación del INE dentro de la pasada elección judicial, donde adoptaron medidas que coartaron directamente el derecho de prensa; varios periodistas y medios de comunicación fueron objeto de requerimientos excesivos e intimidatorios, a través de los cuales se intentó obtener información sensible e incluso revelar fuentes confidenciales. Estos actos, disfrazados de fiscalización o procedimientos sancionadores, tuvieron un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y generaron un clima de hostilidad institucional contra el ejercicio periodístico.
Esta tendencia, que ha sido denunciada públicamente por diversas organizaciones de defensa de derechos humanos y libertad de prensa, representa un grave retroceso. No se puede construir democracia silenciando a quienes la vigilan y la informan; la labor periodística es un contrapeso natural del poder, y su censura encubierta por medios legales representa una amenaza tan sofisticada como peligrosa.
Por ello, el INE debe replantearse estas normas y sus prácticas operativas para encontrar un equilibrio que, sin permitir excesos mediáticos, facilite una información más fluida y completa, sería conveniente implementar mecanismos de autorregulación supervisada, espacios de debate menos estructurados y criterios que privilegien la sustancia informativa sobre los formalismos procedimentales. El objetivo primordial debe ser una ciudadanía verdaderamente informada, no solo una apariencia de equidad que empobrece el debate democrático.
Aunque la responsabilidad de proteger la libertad de expresión no recae únicamente en las instituciones; también depende de nosotros como ciudadanos, es nuestra obligación exigir un entorno donde todas las voces sean escuchadas y respetadas, y donde el diálogo constructivo sea la norma, no la excepción.
Mirando hacia el futuro, resulta fundamental que las próximas generaciones involucradas en procesos electorales fomenten una cultura de diálogo y respeto, necesitamos educar a los jóvenes sobre la importancia de la diversidad de opiniones y el valor de la crítica constructiva; implementar programas de formación que enseñen a los futuros líderes a manejar la disidencia con madurez y a entender que la democracia se fortalece con el debate, no con la censura, es crucial para nuestro desarrollo democrático.
Por ello, la libertad de expresión, en el contexto de las recientes elecciones del Poder Judicial, exige no solo nuestra atención, sino un análisis crítico y comprometido, no basta con defender este derecho; es imperativo fomentar un debate respetuoso, informado y plural que fortalezca la participación ciudadana y eleve la calidad de nuestra vida democrática. La democracia se construye (y se sostiene) en la diversidad de ideas y en la apertura al disenso, es nuestra responsabilidad garantizar que todas las voces tengan cabida en el espacio público. Estoy convencido de que, si asumimos este reto colectivamente, podremos forjar un futuro donde cada opinión sea valorada y donde el respeto, la libertad y la deliberación sean los cimientos inquebrantables de nuestra convivencia democrática.
SEMBLANZA
Por Sergio Zúñiga Hernández
Maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ha ocupado el cargo de Fiscal Especializado en Delitos Electorales, designado por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, así como el de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, designado por la LXIII Legislatura del Senado de la República.
