14 de Agosto del 2025
Cada vez resulta más común ver en redes sociales, ya sea Facebook, X, Instagram, TikTok algún video o nota que empieza a generar popularidad hasta volverse viral, desde una canción, una broma, hasta una denuncia de algún supuesto delito.
La constitución mexicana apeló a la transparencia en la reforma de 2008, incluyendo la publicidad como un principio rector, pues antes, los procesos penales eran secretos, en oficinas y papeles de los que poco o nada se hablaba, por lo que se positivó el principio de publicidad y se refrendó en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Es, sin duda, un gran logro, sin embargo, nadie avisó de las consecuencias de ello, para las cuales todo Estado debería estar preparado, pero este mal se anunciaba con mucha fuerza, desde el año 2005 que en el noticiero más popular del país se hizo una transmisión en vivo de una detención, entre los “capturados en flagrancia” había una mujer extranjera: Florance Cassez.
El caso generó indignación, pronto los medios aseguraban se trataba de una red de secuestradores que empezaba a ser desarticulada, se cantaban victorias de los políticos en conferencias, el mensaje era contundente: la estrategia de seguridad pública del señor presidente de la República estaba funcionando.
Pero luego, sucedió lo inevitable, la verdad salió a la luz. Nunca fue flagrancia, fue un montaje, la detención fue antes y poco a poco todo fue cayendo por su propio peso, no había investigaciones serias, no hubo datos contundentes, ni siquiera está probado que existiera la supuesta banda de secuestradores.
Curioso que en nuestro país cause indignación un secuestro que ni siquiera se sabe si es real, pero cuando se revela que alguien fue encarcelado por hechos que no pasaron nadie alza la voz.
Ahora procesos penales son más públicos que nunca, los periodistas pueden ingresar a las salas de audiencias y tomar notas de lo sucedido. Uno de los casos más famosos que generaron indignación fue el de un influencer, que se hacía llamar “Fofo Márquez”, fue capturado agrediendo brutalmente a una conductora, lo que generó indignación tremenda, el sujeto para la agresión y se retira.
Las notas se vuelven virales cada vez más, hasta que se hace pública una nota: Fofo Márquez detenido e ingresado a prisión preventiva, los cargos, tentativa de feminicidio, hoy, fue sentenciado por ese delito. Y es que no está mal que nos indignemos por una agresión, lo que está mal es presumir culpabilidades por hechos que no nos constan a completitud.
Un asunto como el de Fofo, seguramente en el 90 por ciento de los casos no hubiese generado nunca la necesidad de una orden de aprehensión, tampoco la prisión preventiva, menos el vincular y sentenciar por feminicidio en tentativa, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Por qué la diferencia de trato? La respuesta es: para seguir en sintonía con las mayorías. El video no miente, esa persona merece un castigo, pero congruente con lo que hizo y la ley aplicable, eso le toca al juez.
Resulta delicado que hoy en día tenga más fuerza un señalamiento público o mediático que las pruebas. Basta que alguien convoque a medios para afirmar que alguien cometió un delito para que todos, en ola, griten y exijan castigo al culpable, pero ¿cuál culpable? ¿No es muy fácil inventar culpables? ¿Nunca hemos pensado que en nuestro país hay gente sin escrúpulos capaz de inventar un delito por fines económicos, personales o hasta políticos? ¿No gritábamos asombrados de la cantidad de inocentes en prisión tras el documental presunto culpable?
Y es que pareciera que los mexicanos estamos urgidos de reconocimiento de ser buenas personas, pero ¿no nos ponemos a pensar si es real o es falso? Deberíamos mejor exigir a las fiscalías que trabajen, que investiguen, que esclarezcan, no queremos más “usted disculpe”, queremos la verdad. Deberíamos exigir que cuando alguien denuncie un hecho públicamente se haga una investigación seria que garantice objetividad y también deberíamos exigir castigos severos a quienes imputan delitos que nunca ocurrieron.
Las personas juzgadoras se enfrentan a una parte más en el proceso: la opinión pública, esa que es capaz de hacer destituciones, terminar con carreras y destruir reputaciones. Nuestro sistema está diseñado para tanto castigar al culpable como proteger al inocente, debemos hacer un llamado a que se cumplan tales postulados, que están garantizados en nuestra constitución. Tan aberrante es castigar al inocente, como absolver al culpable, como sociedad nos corresponde exigir a las autoridades, no pretender hacer juicios públicos a mano alzada.
SEMBLANZA
José Daniel Montaño Olvera
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Maestro en Derecho Penal y Ciencias Penales por la misma casa de estudios, titulado a través de la presentación del proyecto terminal “El contraexamen de testigos y peritos en la audiencia de debate”. Maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio por el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
Cuenta con Diploma de Experto en la Prueba Testifical desde el Razonamiento Probatorio y la Psicología del Testimonio, por la Universitat de Girona, España. En el ámbito privado se ha desempeñado como abogado postulante, docente de posgrado y capacitador.
En el servicio público ha sido secretario de Estudio y Cuenta en las salas de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, así como juez del Sistema Penal Acusatorio, con funciones de juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, actualmente abogado postulante, fundador y director de Montaño Gómez, Firma Jurídica.
