15 de Agosto del 2025
PACHUCA. – En los últimos cinco años el ingreso de mujeres a cárceles de Hidalgo se multiplicó siete veces. Incluso, la entidad hidalguense fue la que más registró entradas en todo el país durante 2024.
Así como en Hidalgo, el aumento de mujeres privadas de la libertad es una constante en todo el país, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que este incremento “constituye uno de los problemas más notorios del sistema penitenciario mexicano”.
En un pronunciamiento que emitió la CNDH sobre el deber del Estado de adoptar medidas no privativas de libertad, con enfoque de género a favor de las mujeres y que garanticen el acceso a la justicia, expuso la importancia de analizar los casos de quienes enfrentan su proceso desde una penitenciaría.
Lo anterior, para que accedan a mecanismos legales para su inmediata puesta en libertad; una sentencia pronta o el cambio de medida cautelar de prisión, especialmente porque existen estados como Hidalgo, donde el 49 por ciento de las mujeres en reclusión no tienen sentencia.
Datos de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E) publicados el 17 de julio de 2025, indican que en Hidalgo hay 504 mujeres privadas de la libertad en alguna de las 12 cárceles que existen.
Del total, 248 mujeres están en reclusión sin tener una sentencia que indique que son culpables del delito o delitos que les imputan.
A su vez, 129 de las reclusas recibieron prisión preventiva justificada y en menor medida 114 prisión preventiva oficiosa; los cinco casos restantes fueron clasificadas como “otro supuesto”.
Las cifras del censo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se traducen en que 5 de cada 10 mujeres están en reclusión, pero sin sentencia y con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Esa es una de las problemáticas que expone Derechos Humanos, al señalar que el uso excesivo “representa un recrudecimiento en la punibilidad y criminalización de las conductas que podrían ser sancionadas conforme a otras medidas menos lesivas a la prisión”.
5 DE CADA 10 MUJERES TIENEN MEDIDA
CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA
Durante 2024, Hidalgo fue el estado con el mayor número de mujeres que entraron a prisión, a pesar de que es uno de las 12 entidades con sistemas penitenciarios que no cuentan con centros exclusivamente femeniles, al igual que Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
El ingreso a cárceles de Hidalgo fue creciendo paulatinamente hasta que llegó a colocarse en el primer estado a nivel nacional, aunque la cifra únicamente implica ingresos, no población total.
Por ejemplo, las penitenciarías albergan a 504 mujeres, de las cuales el 89 por ciento que equivale a 450 reclusas, ingresaron de enero a diciembre del año anterior.
Tal como lo indican los censos del INEGI, en la anualidad 2020 entraron a las cárceles 64 mujeres, cifra que se triplicó para el año 2021, cuando los centros de readaptación social (ceresos) recibieron a 199.
En 2022 la tendencia continúo al alza con 243 casos y se mantuvo en esa línea con los 431 ingresos de 2023, hasta que finalmente en el año 2024 se elevó a 450. Es decir, al realizar un comparativo de 2020 a 2025 las cifras arrojan que el número de mujeres que entraron a los ceresos se multiplicaron siete veces en un lapso de cinco años.
De acuerdo con la CNDH, los principales factores asociados son por las brechas de desigualdad económicas y condiciones de pobreza.
“En general, se trata de mujeres en condición de pobreza, con pocos años de escolaridad, responsables del cuidado de sus hijas e hijos, que han sido expuestas a diversas formas de abuso y violencia”.
En el caso específico de Hidalgo, 20 mujeres privadas de la libertad pertenecen a un pueblo indígena y se encuentran en los ceresos de la Huasteca (4), Ixmiquilpan (6), Molango (2), Pachuca (4), Tenango (3) y Tulancingo (1).
Mientras que 18 viven con una discapacidad, aunque el censo del INEGI no detalla cuál. En el aspecto escolar, 29 recluidas no tienen ningún estudio y la mayoría tiene la secundaria, tal como es el caso de 212 personas y 149 más, la preparatoria.
Mientras más sube el nivel educativo, la incidencia de mujeres con estudios de mayor especialización disminuye, esto se refleja en que 37 tienen una licenciatura y solo cinco una maestría.
ESTÁN EN PRISIÓN, PERO ¿CUÁLES SON
LOS DELITOS QUE PRESUNTAMENTE COMETIERON?
Las mujeres privadas de la libertad en Hidalgo que entraron en 2024 fueron señaladas por la presunta comisión de 603 delitos.
El principal motivo fue por ilícitos contra la salud relacionados con la venta de narcóticos (33.3%); seguido por el robo (11.8%), lesiones (7.3%), violencia familiar (4%) y homicidio (3.3%), según las numerarias del INEGI.
Esta tendencia a su vez, se replica en otras partes del país e incluso en América Latina, ya que el análisis que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refleja que “el perfil de las mujeres en el sistema penitenciario corresponde con la comisión de hechos no violentos, principalmente ligados al tráfico de estupefacientes”.
Incluso, la CNDH indica que entre el 40% y 75% de las mujeres están en reclusión por ilícitos relacionados con las drogas, una tasa entre dos a tres veces mayor que para los hombres.
Sin embargo, el organismo autónomo también visibiliza que algunas de las situaciones que inciden en la participación de las mujeres en los delitos, son: la presencia de un ambiente familiar integrado por delincuentes; que su pareja las involucra en hechos delictivos; o bien, se echan la culpa para proteger a otros.
Por ello, en su pronunciamiento Derechos Humanos expone que cada mujer encarcelada debió pasar un proceso para intentar que se le aplicaran medidas no privativas de la libertad.
Aunado a la utilización de los mecanismos de solución de controversias, justicia restaurativa, suspensión condicional del proceso e incluso, el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.
Lo que se traduce en “un modelo de criminología que reconozca las condiciones diferenciadas de la comisión de delitos para las mujeres y los hombres, es decir, un enfoque menos punitivista y carcelario”.
