21 de Agosto del 2025
El sistema federal mexicano, pilar de la organización política del país, se encuentra “resquebrajado” y es una “ficción constitucional” ante el avasallamiento del presidencialismo, según la crítica expuesta por Raúl Arroyo en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación.
Esta visión, respaldada por un cúmulo de estudios y la cruda realidad, apunta a un centralismo que ha invadido los espacios de decisión local y ha debilitado la identidad regional.
Desde mediados del siglo pasado, expertos constitucionalistas han advertido sobre el deterioro del modelo federal, analizando sus vertientes fiscal, judicial, electoral y de salud, entre otras. La reforma constitucional de 1994, que introdujo las controversias constitucionales, significó un quiebre al permitir a estados y municipios combatir decisiones del poder federal, pero no detuvo el avance de las prácticas centralistas.
Un ejemplo paradigmático de este control centralizado se remonta a la facultad del Senado de la República de declarar desaparecidos los poderes de un estado, utilizada en 48 ocasiones desde 1885. Casos como el de Hidalgo en 1975, donde la maquinaria política federal intervino no para resolver un vacío de poder, sino para sentar un precedente de la voluntad presidencial, ilustran cómo esta facultad se usó para someter a gobernadores “incómodos”. Aunque una ley reglamentaria de esta facultad la dejó en desuso, fue sustituida por “procedimientos menos elaborados” como la orden directa, la negociación y la amenaza, demostrando la persistencia del control presidencial.
La evolución reciente de las reformas electorales también evidencia esta centralización. La reforma de 2007, al limitar los tiempos de campaña sin considerar las realidades geográficas de cada estado, y la de 2012, al trasladar la facultad de nombrar magistrados y consejeros de los órganos electorales locales del Congreso de los Estados al INE y al Senado, respectivamente, son ejemplos de cómo se ha debilitado la autonomía local bajo el argumento de ”salvarlos de influencias locales”, ignorando la capacidad de las legislaturas estatales.
El autor señala dos causas principales de esta disfuncionalidad: el presidencialismo mexicano, que ha rebasado el diseño de la división de poderes, y la falta de una identidad regional robusta que contenga el avasallamiento centralista. Históricamente, la presidencia de la República fue consolidando su poder, invadiendo los espacios de decisión local a través de la fuerza, acuerdos con caciques y liderazgos, y el control de un partido oficial. La distribución discrecional de recursos federales se convirtió en un mecanismo clave para mantener este control desde el centro.
La falta de identidad regional se agrava por la cercanía geográfica a la capital, que ha generado una “cómoda dependencia” en las entidades más próximas. Esto ha llevado a una homogeneización del país, con leyes invasivas a la determinación local, como leyes generales y códigos nacionales que desconocen y afectan las particularidades de cada región, acercando al país a un “formato de Estado unitario”. La erosión se percibe más directamente en el municipio libre, que ha desarrollado una dependencia mayor de la federación que de los propios gobiernos estatales, evidenciado en la solicitud de auxilio de la Guardia Nacional para la seguridad pública municipal, eludiendo la responsabilidad constitucional del ayuntamiento.
Ante este panorama, Arroyo propone dos alternativas: la cómoda, que implica mantener la simulación hasta la constitucionalización de un Estado unitario centralista, y la más complicada, que invita a reflexionar sobre todos los ámbitos del sistema federal desde diversas perspectivas y con una visión de futuro.
En esta ruta hacia un federalismo renovado, se plantean cinco ideas clave:
1. Replantear el sistema fiscal para hacerlo más equitativo.
2. Actualizar el sistema de facultades concentradas y residuales acorde a los nuevos equilibrios políticos y sociales, enfocándose en salud pública, modelo educativo y salud social.
3. Revisar la estructura orgánica de la administración municipal y las facultades del ayuntamiento para ampliar sus capacidades.
4. Establecer prácticas de gobierno abierto, incluyendo el uso de lenguaje claro y accesible, y la aplicación de inteligencia artificial en los servicios públicos.
5. Modificar la gestión de las relaciones internacionales para abrir canales directos a las entidades federativas.
En conclusión, el discurso de Raúl Arroyo es un llamado a la reflexión y a la acción para reimaginar un federalismo mexicano más representativo, democrático y auténticamente federal, que supere la simulación y se adapte a las necesidades y realidades de cada región del país.
