07 de Septiembre del 2025
Una prefecta de una escuela secundaria en un barrio de alto de Pachuca aceptó un procedimiento abreviado para cesar el acoso y la presión que enfrentaba tras ser vinculada a proceso por la muerte de un estudiante.
La mujer, que se vio obligada a cambiar de domicilio debido a amenazas, aceptó su responsabilidad en el deceso del joven, lo que le valió una sentencia de dos años que conmutó por 108 jornadas de trabajo comunitario.
Fue el 2 de noviembre de 2024, cuando la trabajadora educativa fue vinculada a proceso por el juez de control Jesús Anim Ope Islas bajo el delito de violencia familiar equiparada agravada.
Siete meses después, para poner fin al hostigamiento que había escalado hasta amenazas e incluso al cambio de su domilicio, aceptó la resolución judicial.
Durante la etapa de investigación complementaria y antes de aceptar el procedimiento, su defensa recabó datos que desestimaron las acusaciones de violencia familiar y la relación directa de la prefecta con la muerte del adolescente.
Un peritaje psicológico arrojó que los padres del joven se centraron exclusivamente en el incidente escolar, omitiendo detalles cruciales de su vida.
El dictamen sugiere un posible “desplazamiento de la culpa” por parte de los progenitores, quienes proyectaron la responsabilidad de la tragedia en la prefecta.
El perfil del padre reveló un notable desinterés en las actividades del joven, mientras que en la madre se identificó ambivalencia, rechazo y soledad.
Además se documentó un hecho en el que la madre le rompió el teléfono al adolescente tras hallar mensajes que este se enviaba con otra persona.
Días antes de su muerte, el estudiante subió a TikTok videos en los que se le veía llorando en espacios oscuros.
La investigación también recabó información de otros trabajadores de la secundaria, quienes describieron a la prefecta como una persona estricta, pero siempre respetuosa, que hacía cumplir las normas de uniforme, limpieza y corte de cabello.
En contraste, los testimonios sobre el estudiante revelaron que sus compañeros lo aislaban debido a su orientación sexual.
También se descubrió que él y una amiga practicaban “cutting”, una forma de autolesión con objetos afilados.
El proceso judicial contra la prefecta concluyó el jueves 26 de junio con la aprobación del procedimiento abreviado.
