08 de Septiembre del 2025
Ser mujer y ser mujer indígena en un contexto marcado por avances tecnológicos, interconexión de la era digital y una agenda global de derechos que no frena, implica vivir en una tensión constante entre la modernidad y el arraigo a sus usos y costumbres. Este escenario exige un enfoque que no sea colonizador, sino que promueva el respeto por la identidad cultural y la libre determinación de los pueblos, garantizando que en todo momento se cuide y anteponga la dignidad humana.
Reconocer y ejercer los derechos humanos de las mujeres indígenas no debe entenderse como una imposición externa, sino como un puente para definir —y redefinir— los procesos de cambio dentro de sus comunidades, evitando prácticas discriminatorias o violentas que persisten bajo el amparo de la tradición. Tal como señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la clave radica en que el derecho a la autodeterminación debe armonizarse con la igualdad de género, garantizando que las mujeres puedan decidir sobre su vida sin perder su identidad cultural (ONU, 2007).
La mujer indígena desempeña un papel central en la transmisión cultural, la preservación de las lenguas originarias y la cohesión social dentro de las comunidades también promueve valores como la solidaridad, el respeto a la naturaleza y la reciprocidad; no es que sea ella la única responsable, pero a través de la historia ha sido ella depositaria del conocimiento profundo, la mística de las prácticas ancestrales, la medicina, las artes, la cocina o los cuidados.
Hay casos documentados en que los sistemas matrifocales presentes en comunidades indígenas sostienen la vida comunitaria, tal como en Minangkabau de Sumatra Occidental, considerada la mayor comunidad matrilineal del mundo, las mujeres ejercen un liderazgo real y central de la vida social, cultural y económica. Son ellas quienes heredan tierras, viviendas y apellidos, y quienes dirigen la gestión de los recursos familiares y ceremoniales, mientras los hombres asumen un rol más simbólico o de representación pública (Reeves, 2015), este poder femenino no surge de una dominación unilateral, sino de una filosofía social de interdependencia y consenso en la toma de decisiones, donde se invoca una analogía profundamente significativa que se ilustra a través del siguiente proverbio: "Cruzar la madera en el hogar hace arder el fuego".
Esta noción de “cruzar la madera” se repite en la idea de que hombres y mujeres se complementan. En México existen comunidades con fuerte presencia matrifocal, donde las mujeres desempeñan roles centrales en la economía, la organización social y la toma de decisiones; encontramos Juchitán de Zaragoza (Pueblo Zapoteco, Oaxaca) en el Istmo de Tehuantepec, donde las mujeres son reconocidas por su papel protagónico en el comercio, la organización de fiestas tradicionales y la administración familiar. Ellas manejan los mercados y el flujo económico local, lo que les otorga poder social y autonomía financiera. Este liderazgo ha sido motivo de estudios antropológicos, pues representa un modelo de empoderamiento femenino dentro de un contexto indígena y mestizo donde la reciprocidad y la cooperación son esenciales. Este papel, que se basa en el reconocimiento de la mujer como eje comunitario, dialoga con el derecho a la libre determinación de los pueblos (artículo 2º Constitucional y Convenio 169 de la OIT) y con el principio de igualdad sustantiva consagrado en el artículo 1º de la Constitución mexicana.
Bajo estos razonamientos, negar el acceso de las mujeres y niñas indígenas a la educación, a la salud, al trabajo, a la tenencia de la tierra o a la justicia no solo afecta a la persona, sino que erosiona la identidad colectiva y el patrimonio cultural de los pueblos originarios. En este sentido, el gobierno de México —por iniciativa presidencial— a través del Congreso de la Unión declaró el año 2025 como el "Año de la Mujer Indígena" con el objetivo de reconocer y honrar el papel fundamental de las mujeres indígenas en la historia y cultura del país; por lo que durante este año que transcurre, todas las comunicaciones oficiales de la Federación llevan la leyenda "2025, Año de la Mujer Indígena". Para simbolizar esta conmemoración, se seleccionaron representaciones gráficas de mujeres de las culturas: maya, mexica, mixteca y tolteca (SEGOB, 2024).
El 5 de septiembre fue declarado Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a la lideresa boliviana Bartolina Sisa, reivindicando la resistencia histórica de mujeres originarias que demandaron dignidad y justicia ante la opresión colonial. El objetivo de estas conmemoraciones es, precisamente, visibilizar las necesidades, los temas pendientes y los desafíos que aún enfrentan en su lucha
Las mujeres indígenas enfrentan una triple discriminación: por género, origen étnico y pobreza estructural. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, en México, más de 23.2 millones de mujeres se identifican como indígenas, y están especialmente expuestas a la pobreza, la falta de servicios y el incumplimiento de sus derechos fundamentales (INEGI, 2022). Según la ENADIS, el 17.8 % sufre falta de empleo; el 13.4 %, discriminación por apariencia; y el 12.8 %, acceso deficiente a atención médica. Mientras que, en materia de violencia, el impacto es evidente: 59.5 % de mujeres indígenas ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según el tipo de violencia que vivieron, la emocional que afectó al 45.5%, la violencia física al 32.6%, la violencia sexual al 29.6% y la violencia económica o patrimonial al 25.8% (INMUJERES, 2020).
Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo refrendamos nuestro compromiso en este Año de la Mujer Indígena, impulsando acciones concretas desde la interseccionalidad y el enfoque intercultural. Capacitaciones a autoridades, el programa Escuela Rural de la Mujer Indígena; mantenemos presencia territorial a través del programa Hidalgo Inspira, realizamos acompañamiento a personas defensoras indígenas y la promoción del derecho a la no discriminación; todo ello, es parte de esta tarea. Porque no basta con hablarlo: cada derecho debe sentirse y vivirse en comunidades, hogares y municipios.
SEMBLANZA
Ana Karen Parra Bonilla es una abogada y defensora de derechos humanos, con experiencia en diversos cargos relacionados con la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos. Estudió la Maestría en Género, Derecho y Proceso Penal por el Centro de Estudios de Posgrado.
Ha laborado en el Instituto Hidalguense de la Juventud (IHJ), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH); además que ha formado parte de diversos proyectos de carácter internacional como es en la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (por sus siglas en inglés IDLO) y en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC México).
Ha coordinado el Programa de Juventudes 2030 en el estado de Puebla de ONU Voluntarios México; Coordinadora de Movilización y Alianzas para el UNFPA. Fundadora del Colectivo Caminando Hidalgo y de Conciencia Resiliente A.C.”; Actualmente es Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
