08 de Septiembre del 2025
Para comprender a fondo este enfoque, es fundamental definir qué es la Justicia Transicional es el enfoque de justicia extraordinario con estrategia holística y atención integral, que surge a finales de la década de los 80, se implementa cuando las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia -procuración y/o administración-, se encuentran sobrepasadas o no cuentan con las capacidades para realizar sus funciones, generando un clima de impunidad.
Su antecedente inmediato son temas de derechos civiles y políticos: derecho a la vida, la libertad, integridad y seguridad.
Pablo de Greiff, ex Relator de Naciones Unidas, la define como: “Conjunto de Mecanismos que pueden ser implementados para lidiar los legados de violaciones a derechos humanos masivas, en los cuales enfrentar esos legados significa, primariamente, dar fuerza a las normas de derechos humanos que fueron sistemáticamente violadas. Una lista no exhaustiva de estas medidas incluye juicios penales, ejercicios de verdad, reparaciones y reforma institucional. Lejos de ser elementos aleatorios, estas medidas integran la Justicia Transicional en virtud de compartir dos finalidades inmediatas: promover el reconocimiento a las víctimas y promover la confianza cívica y dos finalidades últimas: contribuir a la reconciliación y promover un Estado de derecho democrático”.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional la define como “las formas que utilizan países que dejan -o tratan de dejar- periodos de conflicto o represión, para enfrentar violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos o al derecho internacional humanitario, cuando sea de tal magnitud la gravedad que, el sistema judicial no puede dar respuesta adecuada”; y se visualiza a través de 4 pilares:
Si bien se genera después de períodos de conflicto armado o represión, dictadura o guerra civil, cuando se transita hacia una democracia, su contexto es promover la justicia, la paz y la reconciliación, con resoluciones judiciales y no jurisdiccionales a partir de *dar cuenta de graves violaciones a derechos humanos, *esclarecer los hechos, *reconocer responsabilidades, *reparar el daño integral a las víctimas y *realizar las modificaciones necesarias para evitar repeticiones; debiendo considerar en todo momento la causa origen de violencias y causas estructurales que generan transgresión a derechos humanos y combatir ese origen, incluyendo factores económicos, sociales y culturales.
En México tenemos un modelo que contempla esta forma de impartir justicia por la vía del derecho y sus instituciones, es tiempo de reestructurarse como sociedad, de sanar y atender normatividad internacional como:
La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, emitida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de 1985.
Conjunto de Principios actualizados para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad, emitidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, 2005.
Los Principios de Chicago sobre Justicia Transicional, emitidos por el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estados Unidos de América en 2008.
Principios de Base y Pautas en el Derecho a un Remedio y la Reparación para las Víctimas de Violaciones Gruesas de la Ley Internacional de los Derechos Humanos y de Violaciones Serias de la Ley Humanitaria Internacional, contenidos en la resolución 60/147 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2005.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se considera alcanzar (16) Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, conceptos incluyentes que se refuerzan entre sí para lograr una democracia, un estado democrático derechos, siendo un camino hacia la estabilidad social y seguridad jurídica.
Todo ello es una forma de protección de derechos humanos, son métodos de justicia con mayor legitimidad, en los Estados Unidos Mexicanos con la reforma constitucional en materia penal de 2008, y con ello la implementación de un sistema de justicia penal adversarial, sustentado en la oralidad y el contradictorio, soportado en investigación técnica y prueba científica, complementado con las reformas en materia de derechos humanos de 2011, a la Ley de Amparo y la Ley General de Víctimas de 2013, así como el caudal de interpretaciones en jurisprudencia nacional e interamericana, llevamos más de una década en esta curva de aprendizaje de este tsunami normativo. Es tiempo de ver resultados, avances.
Transitamos dos pandemias: la de violencias en sus diversas vertientes y la de salud Covid 19, hoy padecemos crisis de inseguridad, económica y de desconfianza institucional, seguimos buscando paz, verdad y justicia, siendo un referente importante las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien tiene al centro de sus decisiones a las víctimas, esclarecer los hechos, conocer la verdad como enfoque preventivo de reducir la violencia y se ocupa de garantizar y proteger derechos humanos; nos brindan certeza jurídica, es una puerta de acceso a la justicia y una faro de luz como operadores jurídicos, es necesario seguir estándares internacionales y actuar con ética, compromiso y profesionalismo.
Entender que “cuando defiendes los derechos humanos, estás del lado correcto”, los derechos humanos tienen principios y como Estado obligación de cumplirlos, considerando como criterios de aplicación: la disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad económica, física, geográfica y sin discriminación; entendiéndolos con un análisis de contexto y tomar en consideración todas las dimensiones de la desigualdad. Justifiquemos nuestra democracia, cuidemos nuestro entorno, hagamos lo necesario para una justicia como la concibió Kant: “condición bajo la cual la libertad de cada uno puede coexistir con la libertad de todos los demás conforme a una ley universal”, gestionar y resolver, en tiempo y forma.
“Hoy, demasiados líderes ven los derechos humanos como un problema. Pero los derechos humanos son la solución. Son la base de la paz y el motor del progreso. Son el camino para acabar con los conflictos y el caos, hacia la seguridad y la esperanza. Los derechos humanos son -y seguirán siendo- un pilar fundamental de las Naciones Unidas”. António Guterres. Secretario General de la ONU
Tiempo de tomar de conciencia con decisiones firmes, hay formas de implementar soluciones a nuestras problemáticas, con la razón y libre albedrío, asumir responsabilidades y hacer frente a nuestras obligaciones, solo así coadyuvamos a construir un entorno social con estabilidad y donde los derechos humanos sean una realidad.
SEMBLANZA
Mtra. Yanet Herrera Meneses
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Fue abogada en la H. Junta General de Asistencia en el Estado de Hidalgo y Sistema DIFH. Fungió como agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República. Fue titular del área de Responsabilidades y Situación Patrimonial en el ayuntamiento de Pachuca.
Se desempeñó como inspector jurídico en el Congreso del Estado, así como directora de Asuntos Jurídicos en el DIFH. Fue presidenta del Poder Judicial de Hidalgo y actualmente es directora de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno de Hidalgo.
Cuenta con una especialidad en Ciencias Penales y Derecho Procesal Penal; es maestra en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Juicios Orales, también es maestra en Medios Alternos de Solución de Conflictos.
