10 de Septiembre del 2025
PACHUCA. – Ante la posible tortura física y psicológica; así como la incomunicación, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo otorgó una suspensión de plano dentro del amparo 1976/2025 que promovieron Samantha N y María N (familiares de El Ojos, el exlíder el Cártel de Tláhuac) contra actos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
De la lectura de la demanda de amparo se advierte que las promoventes reclamaron cuatro situaciones: la detención fuera de procedimiento, la imposición de alguna medida cautelar como el arraigo; la posible tortura física y psicológica; así como incomunicación.
La autoridad federal determinó otorgar la suspensión de plano, que es una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad de un caso. En el asunto en concreto, fue respecto de los actos reclamados consistentes en la presunta tortura e incomunicación.
“Se decreta la suspensión de oficio y se concede de plano, para que cesen de inmediato la tortura (física y psicológica) e incomunicación, que se dice sufren las directas quejosas Samantha N y María N”.
La suspensión de plano también incluye cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Mexicana, como son los malos tratos, actos vejatorios o que pongan en peligro la vida o integridad física de las mujeres detenidas el fin de semana en Pachuca, quienes estaban en la lista de los más buscados por autoridades de la Ciudad de México.
Por lo tanto, la suspensión concedida el 8 de septiembre y publicada este martes, implica que de manera inmediata las autoridades responsables deben permitir que las quejosas tengan una entrevista en privado con personas de su confianza y/o con un abogado particular o público.
A su vez, el Poder Judicial de la Federación (PJF) les pidió a las autoridades señaladas como responsables enviar una copia certificada de las constancias que acrediten que a las dos detenidas se les permitió tener comunicación con sus allegados.
Por otra parte, también tienen que informar si la privación de la libertad de Samantha N y María N deriva de alguna orden de aprehensión, auto de formal prisión o vinculación a proceso y, de ser así, que queden a disposición del juez de la causa para la continuación de su procedimiento penal.
Es decir, se deberá acreditar con copias certificadas las constancias que muestren que la estancia de las quejosas es legal.
De igual manera, se ordenó a un actuario judicial del PJF en Hidalgo para que acuda a la Agencia de Investigación Criminal de la PGJEH, así como en otras instancias procuradoras de justicia para localizar a Samantha N y María N.
Como parte del auto divulgado, la autoridad federal advirtió que si las autoridades responsables o los elementos que estén custodiando a las quejosas, obstruyen, limitan, entorpecen o prohíben el ingreso del actuario, entonces se iniciaría una denuncia por la probable comisión del delito de desaparición forzada.
