11 de Septiembre del 2025
La diputada Karla Perales presentó una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte, con el objetivo de establecer mecanismos que obliguen al transporte público a identificar y coadyuvar en la prevención y atención de casos de acoso escolar que ocurran en sus unidades.
Perales explicó que el transporte público representa un momento de vulnerabilidad para las y los estudiantes, ya que en estos trayectos no hay personal docente encargado de vigilar su comportamiento. Este espacio no se limita únicamente a un recorrido de casa a la escuela, o viceversa, sino que también puede convertirse en un entorno de riesgo.
Comentó que esto se trata de una práctica que también se manifiesta en el transporte público, donde lamentablemente muchos estudiantes viajan solos porque sus padres o tutores trabajan, quedando expuestos dónde si no existen protocolos adecuados, la indiferencia se convierte en cómplice de la violencia.
“Porque no basta con tener escuelas seguras si los caminos que llevan a ellas son peligrosos”, advirtió Perales.
Indicó que, si bien la Ley de Movilidad ya contempla el acoso hacia mujeres en el transporte público, es necesario incluir un enfoque específico hacia las infancias que enfrentan situaciones de violencia.
Según datos de la empresa Transfinder, mencionó la diputada, el 40 por ciento de los operadores de transporte detectan este tipo de violencia; sin embargo, no cuentan con la capacitación ni con los protocolos necesarios para intervenir de manera adecuada.
Por ello, la iniciativa propone que la Secretaría de Movilidad implemente mecanismos de profesionalización para conductores del servicio de transporte, mediante procesos de capacitación, evaluación y certificación de sus competencias laborales. Estos deberán incluir temas como seguridad con perspectiva de género, atención a personas mayores y con discapacidad, así como acciones orientadas a garantizar el interés superior de la niñez.
Asimismo, la planeación, diseño e implementación de políticas públicas, programas y acciones en materia de movilidad deberán apegarse a los siguientes principios rectores:
• El interés superior de la niñez, garantizando su seguridad en la movilidad, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
• Crear un programa de sensibilización para prevenir y sancionar el acoso en el transporte público, implementando mecanismos para la detección, atención y canalización de casos de acoso escolar durante los traslados.
• Integrar registros e informes que permitan conocer la incidencia del acoso escolar durante los trayectos.
• Coordinar campañas de prevención dirigidas a usuarios, concesionarios y operadores del transporte público.
• Implementar programas de capacitación y certificación para concesionarios, operadores y personal vinculado al transporte público, en materia de identificación, prevención y atención del acoso escolar.
