23 de Septiembre del 2025
La diputada Cynthia Delgado presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de compatibilidad entre el servicio docente y el desempeño de cargos de elección popular o funciones públicas.
La legisladora recordó que se han detectado más de 700 casos de docentes que reciben doble sueldo: uno por parte de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y otro por sus funciones en Ayuntamientos, situación que ha generado opiniones divididas en la opinión pública.
Delgado enfatizó que esta propuesta no busca limitar derechos, sino garantizar que en el servicio público prevalezcan los principios de transparencia, imparcialidad y dedicación exclusiva a la ciudadanía.
Explicó que, aunque la normativa actual establece criterios para que los trabajadores del sector educativo puedan postularse a cargos públicos, existe una ambigüedad legal que ha sido aprovechada para mantener ambos roles —y ambos sueldos— de forma simultánea.
“La redacción ambigua de la fracción V del artículo 128 ha dado lugar a interpretaciones que permiten a personal docente ocupar cargos públicos sin dejar de percibir ingresos como educadores”, señaló.
Subrayó que desempeñar dos funciones de alta responsabilidad a la vez compromete la calidad y el compromiso necesarios en cada una de ellas. Por ello, propuso modificar los siguientes artículos de la Constitución estatal:
Artículo 100: Establecer que las y los funcionarios judiciales solo podrán desempeñar actividades docentes sin remuneración.
Artículo 128: Precisar que las y los trabajadores de la educación que decidan asumir un cargo de elección popular deberán solicitar licencia sin goce de sueldo de su función docente, o bien, limitarse a actividades educativas no remuneradas.
Artículo 156: Evitar que cualquier servidor público reciba doble sueldo con cargo al erario, excepto en casos de actividades vinculadas a la beneficencia o a la docencia sin remuneración.
Con esta iniciativa, la legisladora busca garantizar una mayor ética y responsabilidad en el ejercicio del servicio público, asegurando que los recursos del Estado se utilicen de manera justa y eficiente.
