01 de Octubre del 2025
Dos municipios de Hidalgo organizaron ferias locales y cobraron el boletaje, pero no ingresaron el dinero a las arcas municipales. Si no reintegran el dinero, serían denunciados por el desvío de al menos 21 millones de pesos.
De acuerdo con Jorge Valverde Islas, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEH), uno de los municipios involucrados debe reingresar 15 millones de pesos y el otro, 6 millones de pesos, ambos montos correspondientes a la cuenta pública 2023.
El auditor explicó que los hechos ocurrieron en la gestión 2020-2024, cuando las administraciones organizaron ferias patronales o municipales y cobraron las entradas, pero no reportaron esos ingresos fiscales a la hacienda pública.
"Cobran una feria y se roban la lana, es muy lamentable, es una burla a la gente, es un desvío de recursos porque no ingresaron lo cobrado al municipio", dijo.
La ASEH detectó la irregularidad durante la revisión de la Ley de Ingresos y el asunto se encuentra en fase de investigación, por este motivo se mantienen en reserva los nombres de los municipios.
Además, se presume que las empresas contratadas para los servicios de boletaje podrían ser factureras, toda vez que la empresa de origen hidalguense que dio servicio a los dos municipios, presuntamente no declaró impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, el auditor adelantó que los involucrados no muestran por ahora la intención de regresar el dinero y se justifican en la elaboración de contratos de prestación de servicios. No obstante, Valverde Islas enfatizó que ningún contrato u autorización del cabildo está por arriba del Código Fiscal.
Aunque no precisó nombres de las alcaldías involucradas, el caso resulta más complejo para el municipio que debe 15 millones de pesos, ya que reincidió en una observancia similar, pero durante 2024.
“La nueva administración (2024-2027) hizo lo mismo que sus antecesores por el mismo concepto, además está negando información”, dijo el auditor.
Finalmente, calificó como “lamentable" que los municipios no apliquen este tipo de ingresos en otros rubros o necesidades como de agua potable, electrificación y seguridad pública.