07 de Noviembre del 2025
La diputada Tania Meza Escorza presentó ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa para reformar el Código Penal del estado y tipificar el acoso sexual como un delito autónomo, distinto del hostigamiento y del aprovechamiento sexual.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que, durante años, las mujeres hidalguenses han tenido que modificar sus rutas, evitar ciertos lugares y soportar silencios incómodos o miradas lascivas con el fin de no ser agredidas verbal, visual o físicamente.
“Los espacios laborales o escolares no siempre son seguros”, subrayó Meza Escorza.
Explicó que el acoso sexual ocurre generalmente cuando una mujer o niña es seguida, tocada o expuesta a comentarios lascivos en espacios públicos, y destacó que, aunque el Código Penal de Hidalgo contempla conductas de este tipo, actualmente las clasifica erróneamente dentro del delito de hostigamiento sexual.
La diputada precisó que el hostigamiento sexual se configura únicamente cuando existe una relación de subordinación, ya sea laboral, institucional, escolar o doméstica, como sucede cuando una persona con poder jerárquico condiciona la permanencia o los beneficios laborales de otra a cambio de favores sexuales.
En cambio, el acoso sexual se presenta en contextos sin jerarquías, como en la vía pública o el transporte, donde la víctima es objeto de asedio que vulnera su libertad y dignidad, aunque no exista una intención de cópula.
“Confundir ambos conceptos es jurídicamente incorrecto y deja en la indefensión a quienes sufren violencia fuera de las relaciones de poder”, enfatizó.
Por ello, la legisladora propuso crear el artículo 189 Ter del Código Penal, con el fin de reconocer el acoso sexual como un delito independiente. La iniciativa plantea sanciones de prisión y multa, que aumentarán si la víctima es menor de edad, tiene discapacidad o si el agresor es servidor público, docente o personal administrativo.
Finalmente, Meza Escorza advirtió que la falta de una figura penal clara limita la capacidad de las autoridades investigadoras y judiciales para actuar y sancionar este tipo de conductas.
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