21 de Noviembre del 2025
PACHUCA. - En Hidalgo no seleccionan a más de la mitad de los miles de estudiantes que presentan solicitudes y exámenes de ingreso a la universidad, por lo que forman parte de la estadística no atendida, de acuerdo con el Programa Institucional del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 2025-2030.
Tan solo en el ciclo escolar 2023-2024 existieron 48 mil 836 solicitudes de nuevo ingreso para escuelas de la entidad hidalguense, aunque en realidad las instituciones de educación superior escolarizada solo ofertaron 26 mil 834 lugares.
De acuerdo con los datos divulgados recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el estimado de la demanda que no fue atendida en dicho periodo fue de 26 mil 636 casos.
La cifra ubica a Hidalgo en el séptimo lugar a nivel nacional; es decir, entre los primeros lugares por lo que al estado solo lo superan aquellos de mayor población como la Ciudad de México, que no atendió una demanda de 208 mil 663 personas.
En el Estado de México la numeraria fue de 45 mil 450; le sigue Puebla con 52 mil 74 mil; luego Sonora, 36 mil 346 casos; Jalisco con 34 mil 11 y Veracruz, 31 mil 468 asuntos.
En el Programa se puntualiza que, “a lo largo de los últimos 30 años se ha producido un decaimiento progresivo de la educación superior en el país” y que el porcentaje de personas entre 18 y 24 años que no estudian ni están económicamente activos es de 15.8% para México casi un punto más de la media en América Latina.
Mientras que información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México precisa que la “demanda educativa no atendida” en los últimos 15 años es de 750 mil estudiantes no incorporados en universidades públicas a las que solicitaron ingreso.
Situación que se agravó entre 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia, lo que generó un “panorama de crisis social, frustración y violencia, que se hicieron evidentes y crecieron a partir de esos años”, expone el documento.
Las razones de la exclusión a la educación superior son múltiples, desde económicas, sociales, culturales, geográficas y educativas, en donde se afecta “principalmente a quienes habitan en localidades y municipios distantes de la mayor parte de las universidades públicas y privadas”.
También a los que no tienen dinero para financiar sus estudios o aquellos que deben de insertarse a un trabajo por necesidad y no contunuan sus estudios.
A partir de 2019, se otorgaron recursos al programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), después, mediante decreto presidencial publicado en el DOF el 30 de julio de 2019, se creó el Organismo para coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del programa institucional antes enunciado.
