24 de Noviembre del 2025
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Luego de que este medio diera a conocer una lista de docentes que, además de percibir salario como maestros, también cobran como funcionarios en distintos ayuntamientos, el tema generó polémica en el sector educativo y motivó la confirmación oficial de que existe una investigación estatal en curso.
Durante la comparecencia del contralor de Hidalgo, Álvaro Bardales, diputados de la bancada de Nueva Alianza cuestionaron sobre las investigaciones realizadas contra personal docente, además de señalar que carecen de sustento legal y se basan en información imprecisa.
El Contralor explicó que el origen de la indagatoria comenzó cuando alrededor de 700 servidores públicos omitieron presentar su declaración patrimonial y de remuneraciones del Poder Ejecutivo, obligación que les correspondía cumplir.
Por este motivo, se solicitó un dictamen de compatibilidad laboral para verificar que los horarios del personal no se traslapen entre sus funciones magisteriales y sus responsabilidades en los ayuntamientos, un trámite que debió haberse realizado antes de postularse a un cargo público.
La diputada Mónica Reyes afirmó que nadie advirtió al personal docente sobre posibles conflictos de interés y sostuvo que esa revisión correspondía al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. No obstante, el Contralor respondió que la legislación establece la obligación incluso después del proceso electoral.
Bardales señaló que las percepciones salariales en conjunto representan un gasto público considerable, estimado en 500 millones de pesos, recursos que podrían destinarse a personas que cumplan de manera íntegra con sus funciones. Añadió que la auditoría detectó casos graves, incluso posibles aviadores, ya que las funciones de un integrante de ayuntamiento exigen una jornada completa, al igual que la labor docente.
Por su parte, el diputado José Alejandro Pérez Martínez acusó al Contralor de desconocer la operación del sector educativo y de exponer mediáticamente al magisterio al insinuar percepciones cercanas al millón de pesos, cifra que calificó como falsa y perjudicial para la imagen del gremio, así como poner en riesgo si seguridad frente a los niveles de violencia que actualmente vive el país.
El Contralor respondió que varias denuncias provinieron directamente de la ciudadanía y que, durante las revisiones, algunos ayuntamientos dieron de baja a 30 personas, pues no todos ejercían cargos como regidores o síndicos, sino que figuraban como personal interno. Subrayó que su función no es interpretar la ley, sino aplicarla.
Indicó también que algunos ayuntamientos modificaron horarios de sus asambleas para intentar ajustar los tiempos de los funcionarios docentes, lo que, dijo que evidencia intentos por justificar incompatibilidades y constituye una anomalía administrativa.
Finalmente, Bardales invitó a los legisladores a revisar personalmente los expedientes y auditorías aún en proceso. Además, propuso establecer una mesa de diálogo pública con el Congreso para profundizar en el tema y aclarar las dudas pendientes.
