27 de Noviembre del 2025
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los órganos más importantes en nuestro país, ellos se encargan de vigilar que los actos de nuestras autoridades como jueces y magistrados sean llevados a cabo de manera correcta, con apego a nuestra Constitución, se aseguran de que los derechos humanos de las personas en los procesos jurídicos no sean vulnerados, por eso sus resoluciones son importantes.
Algunos días atrás el ministro Hugo Aguilar ha propuesto revisar las decisiones de las extintas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha generado un intenso debate. A primera vista, la idea puede parecer inusual, pero si se observa con detenimiento, puede entenderse de donde surge. México es un país complejo, marcado por una profunda desconfianza hacia las instituciones judiciales. No se trata de un prejuicio infundado: las estadísticas muestran altos índices de impunidad, corrupción y tráfico de influencias. En ese contexto, resulta comprensible que un ministro busque alternativas que permitan revisar decisiones que, a su juicio, pudieron haberse dictado con errores o bajo criterios injustos.
La propuesta podría nacer, en parte, de una preocupación genuina por garantizar la justicia, es decir, que busca que el fondo del asunto prevalezca sobre los formalismos jurídicos. Permitir que la Suprema Corte revisé sentencias pasadas podría abrir la posibilidad de rectificar errores evidentes, subsanar irregularidades o corregir fallos dictados bajo criterios que hoy serían inaceptables. No hay que olvidar que los valores sociales, los conceptos jurídicos y los criterios judiciales cambian con el tiempo. Lo que en una época se consideró correcto, puede resultar injusto a la luz de los estándares actuales de derechos humanos. Un ejemplo es el cambio en la percepción sobre la igualdad racial, la comunidad LGBTQ+, los derechos de las mujeres, entre otros. Décadas atrás, los sistemas jurídicos de muchos países reflejaban visiones discriminatorias que hoy se consideran contrarias a la dignidad humana. Revisar una sentencia emitida bajo esa óptica permitiría reconocer errores históricos y reparar injusticias que permanecen en la memoria colectiva.
Sin embargo, las implicaciones jurídicas de esta propuesta son profundas y potencialmente peligrosas. Revisar decisiones que ya adquirieron firmeza afectaría directamente el principio de cosa juzgada. Este principio significa que uno no puede ser juzgado dos veces por la misma cosa, garantiza que las resoluciones judiciales sean definitivas, indica que un proceso judicial acabo de manera definitiva, y que ya no se puede modificar, asegurando así certeza y estabilidad jurídica.
De igual manera podemos decir que nos otorga protección, pues la cosa juzgada obliga a respetar esa resolución final. Si la Suprema Corte se atribuye la facultad de reabrir casos concluidos, el sistema entero podría verse envuelto en una gran incertidumbre: las personas ya no sabrían si su caso realmente terminó o si podría reabrirse años después. Desde una perspectiva procesal, la justicia perdería su sentido, convirtiéndose en un proceso interminable, un “cuento de nunca acabar” donde ninguna decisión sería verdaderamente firme.
A esto se suma una reflexión más profunda: ¿cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de esta propuesta? Si la intención es realmente corregir injusticias históricas, habría que delimitar con precisión los supuestos en que podría aplicarse. Pero si la revisión de sentencias busca reabrir debates políticos o cuestionar gobiernos pasados bajo el disfraz de una supuesta búsqueda de justicia, el riesgo sería grave.
México, de por sí, enfrenta una fuerte inestabilidad institucional y una evidente falta de recursos, tanto económicos como humanos, para atender siquiera la carga de trabajo derivada de las controversias actuales. En ese contexto, pretender revisar resoluciones que ya fueron emitidas y concluidas por ministros de administraciones pasadas resulta poco viable y prioritario. Existen asuntos mucho más urgentes que requieren atención antes que reabrir decisiones firmes. Como suele decirse, “lo pasado, pisado”: intentar revisar lo ya finalizado sería tan improductivo como analizar una relación con un ex desde el primer día. Así como eso no tiene sentido y no conduce a nada positivo, la revisión de sentencias firmes tampoco lo tiene.
En última instancia, hay que recordar que el sistema jurídico mexicano ya cuenta con mecanismos institucionales diseñados para revisar y corregir decisiones injustas: los recursos ordinarios y extraordinarios, los juicios de amparo, las acciones de inconstitucionalidad e incluso los procedimientos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos instrumentos existen precisamente para garantizar que los errores judiciales sean corregidos dentro del marco de la ley, sin vulnerar la cosa juzgada ni poner en riesgo la seguridad jurídica del país. Es por lo anterior por lo que considero que realizar esta propuesta es muy complicada y no debería de hacerse. Revisar sentencias firmes tal vez permitiría corregir algunas injusticias, pero al costo de abrir una puerta peligrosa: la de la inestabilidad y la arbitrariedad judicial.
Por otro lado, imaginemos la situación desde la perspectiva de una persona común que enfrentó un problema legal. Durante meses destinó tiempo, esfuerzo y recursos para pagar a un abogado, dar seguimiento al proceso y soportar la carga emocional que implica un litígio. Finalmente, su caso terminó: ya sea que lo haya ganado o perdido, obtuvo una resolución firme que le permitió continuar con su vida. Ahora pensemos en lo que significaría que, de un día para otro, esa persona despertará con la noticia de que su asunto será revisado nuevamente. De pronto tendría que buscar otra vez asesoría, invertir más dinero, volver a enfrentar trámites y revivir un conflicto que ya daba por superado. Esa incertidumbre no solo afectaría la estabilidad jurídica, sino también la tranquilidad y la vida cotidiana de miles de personas. A la larga, un sistema así se volvería insoportable para cualquier sociedad que aspire a certeza, seguridad y paz jurídica.
En un país donde la confianza en la justicia ya es frágil, la prioridad debería ser fortalecer las instituciones, no debilitarlas. Porque ¿quién podría confiar en un sistema que cambia de parecer después de haber emitido una resolución firme? Nunca sabríamos cuál decisión sería la que, de una vez por todas, pondría fin al conflicto, ni a cuál resolución deberíamos atender, ni siquiera por cuánto tiempo sería válida. La incertidumbre sería absoluta. Miles de preguntas inundarían nuestro sistema legal: ¿cuál es la sentencia definitiva?, ¿cuándo termina realmente un juicio?, ¿cuánto tiempo deben esperar las personas para tener certeza sobre su situación? La justicia no puede ser plena si no es también segura, y la certeza jurídica es indispensable para obtener justicia. Para finalizar, no creo que revisar las sentencias pasadas sea lo mejor para un país como México, en una época de incertidumbre, deberíamos buscar la estabilidad y la confianza en nuestras instituciones, sin certeza jurídica eso se pierde, y nuestra sociedad se debilita.
SEMBLANZA
Luz Mariana Reyes López, 22 años. Estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca. Realice mi servicio social en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; actualmente realizo mis prácticas profesionales en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Me considero apasionada por la justicia social y los derechos humanos, áreas en las que busco generar un impacto positivo. Además, disfruto del arte, el fútbol y la naturaleza, lo que considero enriquece mi perspectiva y equilibrio personal.
