11 de Diciembre del 2025
PACHUCA. – Lejos de brindar certeza jurídica, algunos notarios hidalguenses incurren en actos que vulneran la fe pública y con ello, ocasionan que las personas pierdan su patrimonio, como el caso de Antonio, un adulto mayor al que despojaron de su terreno tras una escrituración indebida.
Así como a los hermanos Cruz y Elisa, quienes vieron cómo su bodega les fue arrebatada gracias a que un fedatario avaló indebidamente un poder.
Por situaciones como éstas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tiene 18 carpetas de investigación que implican a notarios que laboran en la entidad.
Los asuntos que Plétora Lex presenta en esta edición abarcan hechos que la ley señala como fraude procesal hasta despojo, falsificación de documentos, así como delitos cometidos en el ejercicio de una actividad profesional.
FRAUDE PROCESAL
Simular un acto jurídico o alterar pruebas para inducir a un error y así obtener una resolución contraria a la ley es: fraude procesal, un ilícito que presuntamente cometió la notaria Angelina Rosa Bulos Islas.
La titular de la Notaría Pública número 2 con ejercicio en el Distrito Judicial de Zimapán está señalada dentro de la carpeta de investigación 12-2023-8548 que inició Antonio Sánchez Natera, un ingeniero agrónomo que en los años 90 compró un predio rústico denominado “Rincón del Tejocote”, en Mineral del Monte, lugar que pretenden arrebatarle tras una escrituración indebida.
A través de un documento que el 10 de octubre de este año recibió la Procuraduría de Hidalgo, Antonio, en su calidad de víctima, pidió que la notaria sea llamada a una audiencia inicial ante un juzgado penal.
Este no es el único caso, existen al menos 18 carpetas de investigación abiertas que involucran a notarios públicos hidalguenses, de acuerdo con Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la PGJEH.
Sin embargo, hay indagatorias que iniciaron desde hace nueve años y que aún no tienen resolución, como la que comenzó Antonio, el adulto mayor que intenta defender el patrimonio que compró durante su juventud y que le quieren quitar para convertirlo en un parque ecoturístico gracias a las escrituras que expidió la notaria Angelina.
El caso se remonta al 9 de abril de 2016, cuando la víctima de 66 años visitó su terreno y se percató que alguien había colocado postes de cemento, como si intentaran cercar el lugar. Encontró hoyos y también algunos árboles plantados como para delimitar.
En ese momento, un individuo de nombre Jorge R.B., se ostentó como el dueño del predio, a pesar de que Antonio le aclaró que se trataba de su propiedad, tal como lo establece la escritura 16 mil 429 que en los años 90 expidió Almaquio García Olguín, en ese momento notario número 3 en Pachuca.
No obstante, Jorge R.B. también se dijo propietario de “Rincón del Tejocote” y argumentó que le compró el espacio a Rafael Amador Montiel, exalcalde de Mineral del Monte de 2006 a 2009.
Sin embargo, el expresidente ya había vendido este lugar desde el año 1991, según consta en la escritura mil 180. En ese momento, el espacio lo compró una mujer de nombre Magdalena y esas escrituras se protocolizaron ante Jesús Fernando del Campo Ávila, notario público 1 en Metztitlán.
Seis años después, el 10 de marzo de 1997, ella le vendió el terreno al ingeniero Antonio. Dichas ventas se realizaron con éxito y sin irregularidades, hasta que ocurrió la reventa, aun cuando el espacio ya tenía dueño. Este fue el momento cuando intervino la notaria Angelina Rosa Bulos Islas, quien presuntamente realizó la escrituración con un juicio fantasma.
La titular de la Notaría, quien además fue presidenta municipal en el periodo del 2000 al 2003 en Mineral del Monte, donde se sitúa el inmueble en conflicto, expidió las escrituras identificadas con el número 4 mil 717 asentadas en el volumen 109 de fecha 21 de septiembre de 2010.
Esta protocolización tiene antecedente en unas “Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam” en favor de Jorge R.B., quien pretende construir en el predio del adulto mayor.
Lo anterior, se trata de un procedimiento legal donde una persona le pide a un juez que le reconozca un derecho a través del testimonio de testigos, como lo es la posesión de un bien, y, una vez reconocido, entonces se registra formalmente.
En el caso en concreto, las escrituras se emitieron con base en dichas diligencias Ad-Perpetuam que se encuentran en el expediente 875/2008; sin embargo, dicho asunto radicado en el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca, es falso.
Si bien, ese juicio existe, es un caso distinto que involucra a otros actores y demandados. En realidad, el caso 875/2008 son medios preparatorios a un juicio para desalojar a un inquilino, lo que significa que nada tiene que ver con la propiedad del “Rincón del Tejocote”.
Es por ello que el ingeniero Antonio, junto con su defensa, consideraron que la notaria Angelina incurrió en hechos que la ley señala como fraude procesal, porque realizó las escrituras con un juicio inexistente.
Este asunto lo lleva la Mesa de Delitos Patrimoniales II de la Procuraduría de Hidalgo, pero aún no judicializa el caso, es decir, todavía no lo presenta ante un juez. En parte, bajo el argumento de que el Ministerio Público no encuentra la carpeta.
Además de la vía penal, el caso también se desahoga en el juicio ordinario civil 907/2023 en el Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Pachuca, en ese asunto la notaria respondió que se podría realizar una anotación marginal en la citada escritura; es decir, una nota adicional para agregar información o actualizar el estado del documento original.
Por el delito de fraude procesal, actualmente está vinculado Octavio Eduardo N, exnotario de Tizayuca, quien acumula dos acusaciones: la ya enunciada en contra de una comercializadora con sede en Tolcayuca.
Y la otra por usurpación de profesiones en agravio de la fe pública, ya que el 26 de noviembre de 2020 firmó un documento como licenciado en Derecho cuando carecía del grado, mientras que la cédula profesional la obtuvo hasta el 11 de enero de 2022.
La patente para ejercer como notario en el Distrito Judicial de Tizayuca la obtuvo desde el año 2004, durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, aunque la perdió dos décadas después, en noviembre de 2024. Para el 12 de julio de 2025 fue aprehendido.
Antes, en octubre de 2023, por fraude procesal también fue vinculado José Heriberto N., exnotario público de Tulancingo, Hidalgo, quien, junto con César José N., exnotario en el estado de Puebla, enajenaron de manera ilícita un predio, con lo que resultó afectada la empresa JIB, S.A. de C.V.
DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO
DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL
Hace un año, el 5 de noviembre de 2024, fue denunciado el titular de la Notaría 8 de Tulancingo, Juan Manuel Hinojosa Zamora, por delitos cometidos en el ejercicio de una actividad profesional, ya que presuntamente avaló indebidamente un poder, lo que causó que a los hermanos Cruz y Elisa, les arrebataran su propiedad.
La carpeta de investigación con número único de caso 18-2024-05017 se inició en el Centro de Atención Temprana de la PGJEH de la misma región en donde trabaja el notario.
Aunado a la denuncia, las víctimas pidieron una opinión técnica al Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo y en un dictamen que data del 26 de marzo de 2025, se determinó que fue incorrecto permitir que un apoderado confiriera poder a un tercero.
Fue a través de esta maniobra como Arturo A.R. logró arrebatarles a sus hermanos el predio que les pertenecía desde 1997.
A partir de aquel año y hasta la pandemia, jamás existió problema con la propiedad situada en la colonia Ampliación Santa Julia de Pachuca; incluso, las víctimas la rentaron por años al Grupo PepsiCo, aunque durante la emergencia sanitaria por Covid-19, la compañía decidió retirarse.
El inmueble quedó libre hasta que una abarrotera se interesó por arrendar el espacio. Para cerrar el trato la empresa les pidió a los propietarios un certificado de libertad de gravamen, que es el documento que expide el Registro Público de la Propiedad para acreditar que un inmueble no tiene hipotecas o embargos.
Cuando los hermanos realizaron dicho trámite se dieron cuenta que existía un reconocimiento de adeudo y dación en pago sobre su propiedad; es decir, que había una persona (Arturo A.R., su hermano) que admitía tener una deuda y, que, además, entregaría dicha propiedad para saldarla, aunque no le pertenecía.
¿Cómo ocurrió lo anterior?, gracias a un poder que data desde hace casi tres décadas y que incluso, ya no tenía validez porque fue revocado en el año 2005 ante Jaime Isauro Galindo Moreno, notario adscrito a la Notaría Pública 1 en el distrito judicial de Zimapán.
Dicho poder general para pleitos, cobranzas, actos de administración, así como de dominio de la propiedad lo tenía desde 1999 un individuo de nombre Julio Oscar H.G., quien era contador y trabajador de confianza de la familia.
Esta persona, habría asistido con el notario Juan Manuel Hinojosa Zamora en calidad de apoderado de la propiedad para darle el poder a un tercero, es decir, a Arturo. A su vez, él hizo el reconocimiento de adeudo por la cantidad de 14 millones de pesos y realizó una dación de pago a favor de Juana M.A., quien al igual que Julio, fue una empleada cercana a la familia.
Lo anterior fue lo que motivó la denuncia en contra del titular de la Notaría de Tulancingo y contra quien o quienes resulten responsables por delitos cometidos en el ejercicio de una actividad profesional.
Hechos que están contemplados en el artículo 277 del Código Penal para el Estado de Hidalgo y que cometen los “profesionistas o técnicos que, en el desempeño de sus actividades, causen daño o pongan en peligro la vida, la salud, la libertad o el patrimonio de las personas”.
El numeral prevé penas de seis meses a cinco años de prisión, así como la suspensión en el ejercicio profesional o técnico de tres meses a tres años, sin perjuicio de la punibilidad que resulte por la comisión de otros delitos. Sin embargo, hasta el cierre de noviembre de este año, el Ministerio Público aún no había informado sobre lo que ocurriría con la investigación.
Además de la carpeta de investigación (18-2024-05017) que los hermanos iniciaron en su calidad de víctimas en contra del titular de la Notaría de Tulancingo, también presentaron la queja 06/2025 ante el Archivo General de Notarías, la cual se admitió a trámite el 12 de junio de 2025.
La Ley del Notariado para de Hidalgo indica en su artículo 190 el procedimiento administrativo de queja, en el caso en concreto, ya se realizó la contestación, se llevó a cabo la inspección y ya existe una cita para mediación.
En caso de que la queja no se solucione, se abre un periodo probatorio, para luego continuar con los alegatos y finalmente, se turna a la opinión técnica con el Colegio de Notarios para una resolución.
Respecto a este tipo de procesos, Mario Pedro Velázquez Bárcena, director del Archivo General de Notarías del Estado, que depende de la Secretaría de Gobierno, explicó que las irregularidades se pueden conocer mediante las quejas de los usuarios.
Si se comprueba que incurrió en un acto contrario a la ley, las sanciones van desde una multa, hasta una suspensión temporal o la revocación de la patente, como lo indica el numeral 184.
A diferencia de los señalamientos enunciados, el titular del Archivo señaló que las quejas más frecuentes son por no entregar a tiempo las escrituras. Durante el sexenio pasado, estimó que ingresaban cinco quejas por día en contra de notarios.
Ya con el cambio de administración, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, entraron 513 quejas, pero aseguró que ninguna pasó a proceso porque se resolvieron en la fase de conciliación.
“A partir de noviembre de 2023, ya no se presentan quejas, sólo muy esporádicamente”, dijo. Entre ellas, está la número 06/2025 en contra del notario Hinojosa Zamora, la cual, aún no concluye.
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
De seis meses a nueve años de prisión es la sanción que el Código Penal contempla para quien falsifica documentos, un delito por el que fue denunciado Víctor Guillermo Kanan Muñoz, notario público 7 de Actopan.
La denuncia se inició porque presentó ante el Instituto de la Función Registral (antes Registro Público de la Propiedad y Comercio) un permiso apócrifo que presuntamente le expidió Obras Públicas para el proceso de lotificación de un predio.
Sin embargo; la autoridad se percató que el documento que el notario llevó no correspondía con el formato de los que habitualmente son expedidos por la dependencia, lo que propició la denuncia por falsificación.
Los notarios relacionados con conductas posiblemente constitutivas de un delito, en algunos casos también se auxilian de personal de la administración estatal; incluso, dos mujeres de nombre Laura y Elika fueron despedidas del Instituto Registral.
Las exservidoras públicas habrían autorizado a favor de Gerardo Martínez Martínez, notario público número 3 en Pachuca, un permiso para la venta de un condominio.
La irregularidad radica en que, el complejo habitacional se conformaba de 48 departamentos y de todos se autorizó la comercialización, aunque únicamente se pagó uno. Es decir, la erogación debía ser por un total 500 mil pesos, pero el pago fue inferior a 11 mil pesos. Los hechos causaron la baja de las funcionarias y un proceso ante la Contraloría de Hidalgo.
Apenas en junio de este año y durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se expuso un asunto que involucra a Cándido Mejía García, de la notaría pública 4 en Tula de Allende, quien, para un contrato fechado en 2023, habría dado fe a la firma de una mujer que falleció desde 2014; es decir, casi 10 años antes de la formalización de aquel documento.
Contrario a los señalamientos en las carpetas de investigación que lleva la Procuraduría estatal, el director del Archivo General de Notarías de Hidalgo, quien asumió el cargo el 21 septiembre de 2022, indicó que los notarios tienen la responsabilidad “de hacer escrituras pulcras, donde tienen que reunirse todos los requisitos formales y legales para poder darle certeza jurídica a las personas que solicitan una escrituración”.
Requisitos para obtener la patente de notario público
I.- Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y tener buena conducta
II.- Ser ciudadano hidalguense
III.- Veinticinco años de edad
IV.- Residencia ininterrumpida en el estado por más de cinco años anteriores a la fecha del examen
V.- No enfermedad permanente que impida el ejercicio de las facultades intelectuales, ni incapacidad física que impida las funciones del notariado
VI.- Título de Licenciado en Derecho con cinco años cuando menos de ejercicio profesional y haber aprobado la materia o curso de Derecho Notarial en cualquier institución universitaria de la República legalmente reconocida, o en su caso, el que imparta el Colegio;
VII.- Práctica notarial ininterrumpida durante dos años bajo la dirección de un Notario Público
VIII.- No haber sido condenado por delito intencional
IX.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de culto religioso
X.- Aprobar examen teórico-práctico
Notarios ejercen sin cédula profesional registrada, incumpliendo la ley
Por lo menos cinco notarios públicos en el estado de Hidalgo ejercen sus funciones sin contar con el registro de su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones (RNP), un requisito fundamental establecido por la ley para la expedición de la patente notarial.
Esta situación genera interrogantes sobre la legalidad y la certeza jurídica de los actos en los que estos fedatarios intervienen.
Entre los casos identificados, se encuentran notarios en municipios clave como Apan, Metztitlán, Molango, Pachuca, y Zacualtipán, quienes, pese a su trayectoria y la forma en que obtuvieron su nombramiento, carecen de este registro esencial.
En Apan, se señala a José Omar Pacheco Cortés, cuya patente fue otorgada por Francisco Olvera Ruiz, sin que se encuentre registro de su cédula profesional en el RNP.
En Metztitlán, Jesús Fernando del Campo Ávila también figura sin registro en el RNP, a pesar de operar con un número de contacto disponible.
El caso de Minerva Marcela Straffon Ortiz, en Molango, es particular, ya que se indica que es notaria desde 2007, pero su cédula profesional tampoco aparece en el registro nacional.
Uno de los casos más destacados es el de Víctor Guillermo Kanán Huebe, notario público en Pachuca. A pesar de que la información recopilada no lo registra en el Sistema Nacional de Profesiones (SNP), lo que sugiere una posible omisión en el RNP, en su sitio web personal o información pública, Kanán Huebe sí declara ser egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) con licenciatura en Derecho y contar con un posgrado en Derecho Notarial.
Este notario, nombrado en 1981 por Jorge Rojo Lugo como notario 3 de Mixquiahuala y posteriormente como notario 11 de Pachuca, ha tenido una amplia trayectoria profesional y cargos públicos, incluyendo Recaudador de Rentas en Tlaxcoapan, Agente de Ministerio Público en Tizayuca, Coordinador Regional, Secretario General de la C.N.O.P. del Estado de Hidalgo, Secretario del Trabajo y Previsión Social en Hidalgo, y Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración. La ausencia de su registro de cédula profesional en el RNP contrasta directamente con su acreditación académica y su extensa carrera en el ámbito jurídico y público.
Finalmente, en Zacualtipán, María de Jesús Hernández Torres, quien recibió su patente el 31 de marzo de 2011 bajo el gobierno de Miguel Osorio Chong, tampoco figura con registro en el RNP.
La Ley del Notariado en el estado de Hidalgo, al igual que en otras entidades, establece que la cédula profesional registrada ante la autoridad competente es un requisito indispensable para obtener y ejercer la función notarial.
