08 de Enero del 2026
PACHUCA. – Un individuo usó el nombre, la imagen y el cargo público de una exfuncionaria hidalguense para pedir dinero a cambio de prometer plazas para maestros, con este modus operandi obtuvo ilícitamente casi 2 millones y medio de pesos.
El asunto inició en 2020, cuando María Luisa Pérez Perusquía, entonces presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, inició una denuncia en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) en contra de Raúl N., quien se hacía pasar por su secretario particular para ofrecer dichos espacios en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
Tres años después, en noviembre de 2023, el individuo fue detenido por fraude. La audiencia se llevó a cabo en Actopan, pero después de 144 horas, un juez de control decidió no vincularlo a proceso por ese delito, sino por usurpación.
El asunto ya finalizó tras un juicio oral; sin embargo, el único pago por reparación del daño que expresamente indica la sentencia es por 510 mil pesos.
EL JUICIO
El Tribunal de Enjuiciamiento conformado por la jueza Diana Villarreal y los jueces Miguel Ángel Galindo Nájera y Hibels José Luis Crespo García declararon a Raúl N culpable de usurpación de identidad.
El delito lo cometió en contra de la exfuncionaria (víctima directa), así como de 21 personas a las que les pidió dinero (víctimas indirectas).
Del total, fueron ocho personas que en un primer momento señalaron que el acusado, a través de WhatsApp, utilizó los datos personales de la exfuncionaria pública, desde su nombre, imagen y el referido cargo para ofrecerles el trabajo. A través de mensajes por la aplicación mencionada, obtuvo en su cuenta bancaria 200 mil pesos.
Luego, usó el mismo modus operandi contra las víctimas indirectas restantes y logró 2 millones 240 mil pesos; incluso, uno de los afectados le entregó cuatro pagos que sumaron 620 mil pesos, mientras que los demás realizaron depósitos de entre 50 mil y 120 mil pesos.
CUATRO AÑOS DE CÁRCEL
En el caso en concreto, el responsable usó los datos personales de la víctima sin su consentimiento, y la usurpación fue para un fin ilícito y obtener beneficio propio.
Por ello, el Ministerio Público solicitó una pena de 6 años, pero el Tribunal lo sancionó a 4 años 6 meses y una multa de 14 mil 701.26 pesos.
Del total de víctimas, siete lograron acreditar un detrimento a su patrimonio y se ordenó la reparación del daño por 510 mil pesos.
Finalmente, se condenó, pero de forma genérica, a los demás afectados ya que “no se desahogó prueba idónea para acreditar la cantidad que se le dio al acusado”, aunque se dejaron a salvo los derechos de las víctimas indirectas para que lo hagan valer en la etapa de ejecución de pena.
¿QUÉ ES LA USURPACIÓN DE IDENTIDAD?
Es un delito previsto y sancionado por el artículo 370 del Código Penal para el Estado de Hidalgo y lo comete quien por sí o por interpósita persona, por cualquier medio y con fines ilícitos, se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales de otra persona sin autorización de su titular, en beneficio propio o de un tercero.
Las penas contemplan hasta seis años de prisión, de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, con independencia de la pena que resulte por la comisión de otros delitos.
La punibilidad incrementará hasta en una mitad cuando el usurpador se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el ilícito o cuando el delito sea cometido por un servidor público aprovechándose de la información a la que tenga acceso con motivo de sus funciones.
