25 de Enero del 2026
La abogada Sissi Anette Rodríguez Fernández presentó su segundo libro, una obra que compi la, sistematiza y analiza el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), concebida como una herramienta práctica destinada a facilitar la labor cotidiana del gremio jurídico, particularmente de litigantes y operadores del sistema penal.
“Cada vez que necesito una tesis, no la encuentro”, expresó la autora al relatar el origen de esta segunda entrega, resultado de más de seis años de trabajo continuo, experiencia profesional y estudio constante. El proyecto surge, explicó, de una necesidad real y recurrente en el ejercicio jurídico: el acceso inmediato y ordenado a criterios, tesis y disposiciones normativas aplicables en audiencias y actuaciones procesales.
Rodríguez Fernández señaló que la transición del sistema mixto al sistema penal acusatorio representó un reto significativo, especialmente en la localización de tesis y criterios jurisprudenciales en contextos don de la dinámica del trabajo de campo impide realizar búsquedas exhaustivas en tiempo real. Frente a esta dificultad, optó por compilar la información temática de manera sistemática, con el propósito de contar con una herramienta de consulta eficaz e inmediata.
“Empecé a reunir todo lo relacionado con la vinculación a proceso, con las órdenes de aprehensión, entre otros temas. Llegó un momento en que tenía cajas enormes de documentos, pero a las audiencias sólo podía acudir con una cantidad limitada de carpetas”, relató.
Este proceso se vio fortalecido durante su etapa de trabajo en la entonces Procuraduría General de la República en Hidalgo, bajo la titularidad de Raúl Arroyo, experiencia que le permitió conocer de primera mano la labor de las personas agentes del Ministerio Público, caracterizada por la rapidez, las cargas excesivas de trabajo y la necesidad de respuestas in mediatas. Dicho contexto, afirmó, le permitió no sólo comprender la dimensión técnica del sistema, sino también humanizar la función de quienes lo operan. Posteriormente, ya en funciones como juzga dora dentro del Poder Judicial de Hidalgo, y tras enfrentar las exigencias físicas y de salud derivadas de la carga laboral, advirtió que el sistema de consulta tradicional resultaba poco funcional para las responsabilidades que desempeñaba. Fue entonces cuando inició la revisión y correlación digital del Código Nacional de Procedimientos Penales. “Lo engargolé; quedó mal, pero fue el primer intento”, recordó.
A este esfuerzo se sumó la revisión exhaustiva de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, documentos que oscilan entre 80 y 300 páginas, los cuales fueron clasificados temáticamente y diferenciados conforme a su aplicación en materia de personas adolescentes y personas adultas.
El resultado fue una herramienta jurídica simplificada, estructurada y sustantivamente robusta, pensada para facilitar la consulta de litigantes y operadores del sistema penal. Aunque en un inicio no contemplaba su publicación debido al sacrificio personal y profesional que implicó su elaboración, la obra fue finalmente editada con el objetivo de contribuir al ejercicio responsable de la abogacía y al compromiso que esta profesión mantiene con la sociedad, además de reducir significativamente los tiempos de búsqueda mediante la compilación de información nacional e internacional.
“Como cualquier ser humano, también soy celosa de mi trabajo. No quería compartirlo, pero amigos cercanos me convencieron de que podía ser útil para otros. Lo que se construye debe compartirse, no guardarse. Tenemos una obligación con las víctimas, con nuestros colegas, con el sistema y con el país. Quienes podemos aportar un grano de arena, tenemos que hacerlo”, afirmó