28 de Enero del 2026
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El diputado José Luis Rodríguez Higareda presentó una iniciativa para adicionar el artículo 147 Bis al Código Penal, con el objetivo de establecer como agravante del delito de homicidio que la víctima sea integrante de alguna institución de seguridad pública y que el delito se cometa en el ejercicio de sus funciones o con motivo de estas.
El legislador explicó que, si bien la labor de las y los elementos de seguridad pública en todas sus ramas consiste en salvaguardar a la ciudadanía, ello no garantiza su propia seguridad humana, ya que diariamente se encuentran expuestos a situaciones de alto riesgo.
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025, en Hidalgo existen 5 mil 532 personas que potencialmente se encuentran en riesgo de ser agredidas durante el desempeño de sus funciones o a causa de ellas. Señaló que cualquier daño en su contra no solo impacta de manera directa en su integridad, sino también en sus familias, además de que debe considerarse a los integrantes de las instituciones de procuración de justicia.
Rodríguez Higareda recordó diversos casos registrados en la entidad, como el ocurrido en Cuautepec de Hinojosa, donde un elemento de seguridad vial fue agredido al intervenir en un accidente vehicular; en Tepeji, donde un policía fue asesinado durante un operativo por un presunto secuestro; en Tula, donde agentes investigadores fueron atacados; en Mixquiahuala, donde elementos se enfrentaron a agresores al atender un robo a casa habitación; y en Pachuca, donde elementos acudieron a notificar medidas de protección y fueron torturados por una secta satánica, hechos que posteriormente derivaron en su fallecimiento.
Bajo este contexto, el diputado puntualizó que la iniciativa se sustenta en la necesidad de contar con un marco jurídico que brinde mayor certeza y protección para el adecuado ejercicio de las funciones de seguridad. La propuesta establece lo siguiente:
Artículo 147 Bis.- Se aumentará en una tercera parte la punibilidad del delito de homicidio o lesiones cuando la víctima sea integrante de alguna institución de seguridad pública y el delito sea cometido en el ejercicio de sus funciones o con motivo de estas.
Finalmente, el legislador reconoció que el endurecimiento de las penas no erradica por sí mismo los delitos cometidos contra elementos de seguridad; sin embargo, subrayó que la modificación busca inhibir la impunidad y fortalecer la protección de “quienes protegen a la sociedad”.
