06 de Marzo del 2026
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Durante tres días, Misael agonizó en la vía pública. Vecinos llamaron una y otra vez al 911. La Policía municipal acudió, constató su estado crítico y se retiró. La Cruz Roja también llegó, pero al no haber quien respondiera por los gastos médicos, no lo trasladó. Misael permaneció en la calle, con una falla hepática severa, retorciéndose de dolor frente a la mirada impotente de quienes intentaron ayudarlo.
Su historia no es excepcional. En Hidalgo, para muchas personas en situación de calle, la muerte suele llegar sin atención médica, sin protocolos de emergencia y, en la mayoría de los casos, sin identidad.
Fue hasta que la organización civil, Por la inclusión y Derechos Humanos, encabezada por Pamela Eunice Álvarez Tovar intervino y presionó a las autoridades, con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, que Misael fue finalmente trasladado al Hospital General de Pachuca. La atención llegó tarde. El hospital no contaba con el tratamiento especializado que necesitaba. Días después, Misael murió.
Sin embargo; su historia no terminó en una plancha del Servicio Médico Forense como “desconocido”. Gracias a un trabajo conjunto entre sociedad civil y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), su cuerpo fue identificado, localizado un vínculo familiar y se le dio sepultura. En un contexto donde la mayoría muere sin nombre, Misael se convirtió, paradójicamente, en un caso de éxito.
De acuerdo Pamela Álvarez quien trabaja directamente con población sin techo, las principales causas de fallecimiento son los atropellamientos, hipotermia, inhalación de sustancias y enfermedades crónico-degenerativas que se agravan por la falta de atención médica, mala alimentación y exposición constante a temperaturas extremas.
“Cualquier enfermedad se complica en la calle”, explica la defensora de derechos humanos. “No hay seguimiento médico, no hay diagnóstico temprano y cuando piden ayuda, muchas veces se les niega”.
En 2025, se contabilizaron mil 800 personas en situación de calle en la zona metropolitana de Pachuca. Ese mismo año, 30 personas fallecieron, pero sólo cuatro cuerpos fueron recuperados y sepultados. El resto permanece en el SEMEFO como personas no identificadas o no reclamadas.
La mayoría de las muertes se clasifican como “naturales”. Infartos, fallas orgánicas y colapsos. Para las organizaciones, esa etiqueta invisibiliza un abandono estructural: morir deshidratado, sin comer y sin atención médica no es una muerte inevitable, sino una consecuencia directa de la exclusión.
Ante este escenario, la identificación humana dejó de ser un proceso exclusivamente post mortem. A partir de un caso previo de identificación exitosa, la PGJEH, a través de su División Científica, inició una colaboración con organizaciones civiles para fortalecer el registro de personas en situación de calle en vida.
“La identificación humana no sólo se enfoca en personas fallecidas”, explica Yasmin García Escobar, titular de la División Científica. “Es un proceso que parte de la presunción de vida y que busca recolectar información útil que, llegado el caso, permita una identificación digna”.
El trabajo forense implica un enfoque interdisciplinario: medicina, odontología, antropología, genética, criminalística y arqueología forense. Pero el eje central es el método comparativo: contar con datos de referencia previos que puedan cotejarse si una persona fallece sin documentos.
Por ello, peritos de la PGJEH capacitaron a colectivos civiles en la recolección ética de datos: entrevistas guiadas, fotografías útiles, huellas dactilares y registro de señas particulares como cicatrices o tatuajes. Todo bajo un enfoque de trato digno, sin criminalizar ni violentar la confianza de una población históricamente agraviada.
El programa de Gestión de Identidad y Recaudación de Datos de Identificación Humana (GIREDIH) parte de una premisa clave: la identidad es un derecho humano permanente.
Garantizarla permite evitar que las personas sean inhumadas como desconocidas, facilita el acceso a programas sociales en vida y contribuye a la reducción de cuerpos no identificados en el SEMEFO, una de las aristas más críticas de la crisis forense en México.
Además, contar con datos permite detectar patrones de violencia, negligencia institucional y muertes evitables. Sin nombre, no hay investigación; sin investigación, no hay justicia.
En cinco años de trabajo, la organización ha conformado un registro de más de 30 personas. Sólo cuatro cuerpos han sido recuperados y sepultados, todos con apoyo de fundaciones y, en casos específicos, con la intervención obligada del municipio por omisiones documentadas.
Misael fue abandonado desde niño. Vivió años en la calle. Murió tras días de dolor y negligencia. Pero no fue cremado como “NN”. Hoy tiene nombre, expediente, sepultura. “Eso es lo que se le niega a la mayoría”, resume Pamela. “Morir y luego desaparecer del registro humano”.
En un estado donde la calle suele ser sinónimo de olvido, la identificación humana se ha convertido en una herramienta mínima pero poderosa: nombrar a quienes siempre fueron vistos como nadie.
Desde 2022, el estado de Hidalgo cuenta con un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) que permite el acceso a bases de datos para la confronta de huellas dactilares de personas fallecidas, facilitando la identificación y la localización de familiares.
Para la población en situación de calle, la existencia de registros previos resulta determinante para evitar la pérdida definitiva de identidad jurídica.
Los expedientes generados por la organización civil permanecen bajo su resguardo y pueden fungir como datos de referencia en procesos de identificación forense, sin constituir bases de datos institucionales.
Desde una perspectiva jurídica, la identificación humana se vincula directamente con el derecho a la identidad, el acceso a la justicia y el trato digno, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, la identificación de personas en situación de calle no es una acción asistencial, sino una obligación del Estado en el marco de la procuración de justicia y la protección de derechos fundamentales.
