10 de Marzo del 2026
Durante décadas, la métrica del éxito en la administración pública mexicana ha sido "no tener observaciones". Si la factura coincidía con la partida presupuestal y el proceso de licitación cumplía la norma, el gasto se consideraba correcto. Sin embargo, esta visión técnica, aunque necesaria, es incompleta. En un país con recursos limitados y necesidades sociales crecientes, la pregunta de la fiscalización debe evolucionar: ya no basta con saber cómo se gastó, ahora es imperativo auditar para qué se gastó.
Históricamente, la fiscalización superior se limitó a ser un ejercicio forense de revisión documental. Pero la reforma al Artículo 134 constitucional nos marcó una ruta distinta: la eficiencia y la eficacia. Esta transición nos lleva del control de insumos al control de resultados.
Hoy, la legitimidad del gasto público reside en su impacto. Un presupuesto que se ejerce al 100 por ciento en términos contables, pero que no reduce la brecha de desigualdad o no mejora la seguridad ciudadana, es, en términos de valor público, un presupuesto fallido. La fiscalización moderna debe ser la guardiana de ese valor.
Como especialistas en la materia, entendemos que el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y la Metodología de Marco Lógico no son solo requisitos administrativos; son herramientas de inteligencia institucional. La verdadera fiscalización comienza cuando auditamos la lógica de la planeación.
Si una entidad federativa o un municipio destina recursos federalizados a un fin específico, la Auditoría Superior no solo debe revisar la nómina o el contrato; debe evaluar los indicadores de impacto. La fiscalización orientada a objetivos exige evidencia que vaya más allá del escritorio: datos georreferenciados, padrones verificables y, sobre todo, la satisfacción real del ciudadano. Si no hay evidencia del resultado, el gasto no puede ser considerado eficiente.
Uno de los cambios más disruptivos que propongo es la revalorización de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). Debemos ver en la fiscalización una función pedagógica y no solo sancionatoria. Mientras que los pliegos de observaciones buscan resarcir el daño económico, los ASM buscan corregir el rumbo institucional. Una fiscalización moderna le dice al ente público dónde está fallando su programa y lo acompaña en la mejora continua de su gestión.
La función fiscalizadora es el último eslabón de la rendición de cuentas y la única vía para recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones. El reto para los próximos años es profesionalizar nuestras áreas de planeación y auditoría para que hablen el mismo idioma: el de los resultados.
En conclusión: la fiscalización en el México contemporáneo no debe ser un fin en sí mismo, sino el combustible que garantice el desarrollo social. No basta con no robar; la ética pública contemporánea nos exige servir con eficacia. Es momento de pasar de una auditoría de archivos a una auditoría de realidades.
Contador Público Certificado y Miembro de la Asociación Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMAD)
