13 de Marzo del 2026
PACHUCA. – Fátima Baños Pérez, ahora titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), logró una salida alterna en el proceso penal que se siguió en su contra por el delito de discriminación agravada en contra de un niño con Síndrome de Down; sin embargo, no dio una disculpa pública a satisfacción de los afectados e incumplió con la capacitación a la que se comprometió, por lo que se debería rectificar el nombramiento, consideraron las víctimas indirectas.
“Ella es una persona que vulneró derechos humanos y tal parece que no está en su expediente profesional ni laboral, tal es el caso que hoy va a ser quien capacite a los propios jueces (…) nos duele como padres, como familia, como víctimas indirectas este nombramiento, abre la herida, nos sentimos revictimizados e invisibilizada a lucha, consideramos que es un retroceso”.
En entrevista con Plétora Lex, Neftalí Reyes Bolaños y Zorayda Robles Barrera, papá y mamá de Daniel, quien fue discriminado en el año 2018 con impedirle nadar en la alberca del Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Pachuca, explicaron las resoluciones jurídicas en torno al caso.
En su momento, distintos exfuncionarios del sexenio de Omar Fayad Meneses (2016-2022) -ahora actual embajador de México en Noruega- fueron vinculados a proceso tal como ocurrió con Baños Pérez quien se desempeñó como titular del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide).
Fue en diciembre de 2022 cuando un juez de control de Pachuca dictó un auto de vinculación a proceso en contra de la exdirectora del Inhide e hija del exsecretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez, por considerar que había elementos suficientes respecto al delito de discriminación.
A poco más de tres años de aquella resolución, Neftalí Reyes, el papá de Daniel, explicó que la extitular del Deporte obtuvo una suspensión condicional que le permitió a la imputada concluir el proceso sin llegar a juicio oral y con el cumplimiento de ciertos requerimientos, entre ellos, capacitación, ofrecer cursos, reparación del daño y la disculpa.
Sin embargo, esta última únicamente la ofreció durante una audiencia con lo que los padres no quedaron satisfechos, expresaron. Incluso, promovieron juicios de amparo y uno sigue vigente, aunque Neftalí reconoció que hay poca probabilidad porque la suspensión ya ocurrió.
“Lo que más peleamos fue la disculpa pública que según hizo ella, pero nada más en el Juzgado, nosotros dijimos que no”, mencionó Neftalí.
Mientras que la madre, Zorayda Robles agregó: “Consideramos que una disculpa pública debe cumplir criterios, conforme estándares naciones e internacionales, que sea un lugar que quede a satisfacción de las víctimas, con un lugar o fecha emblemática”.
Los padres indicaron que no aceptaron la disculpa que ocurrió en los juzgados porque no se cumplieron con los criterios, no existió un reconocimiento del daño y con ello, tampoco se marcó un antes ni un después de lo que será la vida pública.
Si bien, el papá y la mamá de Daniel mencionaron que existió una en diciembre de 2024, esta fue por parte del gobierno de Hidalgo y en cumplimiento a la recomendación 81/2020 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la misma no participó la exdirectora del Inhide.
La suspensión del proceso duró un año, es decir, durante ese lapso Fátima Baños debió cumplir con las condiciones que impuso el juez, como los cursos de capacitación, los cuales, de acuerdo con Neftalí Reyes, los habría tomado en el Centro Universitario Metropolitano Hidalgo (CEUMH), escuela que pertenece a su papá, Eduardo Baños.
Según la relatoría, la extitular del Deporte exhibió su constancia ante los juzgados y el juez la validó, aunque lo que se pretendía era que la formación la realizara en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEH).
“Yo considero como madre de la víctima que se sigue viendo esa brecha de no alcanzar la justicia porque el juez no actuó, se ve nuevamente que había parcialidad y que no se atendió el tema del principio pro-persona que tienen que buscar lo que más beneficia a la víctima o persona que está siendo afectada”.
El Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del PJEH está enfocado a que los funcionarios judiciales mejoren el desempeño de su actividad jurisdiccional, por ello, Neftalí Reyes consideró que quien ejerza el cargo requiere “de mucha honorabilidad y ética”.
Por lo tanto, consideró viable analizar si al momento del nombramiento no se tomó en cuenta la recomendación de la CNDH, lo mismo con la sentencia que en torno al asunto emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Alguien que no pudo favorecer la inclusión ahora es quien les va a enseñar (…) se tiene que valorar bien ese tipo de perfiles”, dijo.
Finalmente, los padres, como víctimas indirectas en el asunto, consideraron que las resoluciones favorecieron a quienes tienen poder política y económicamente. “No hubo reparación integral del daño”, puntualizaron
