16 de Marzo del 2026
PACHUCA. – Cuando se comente el delito de discriminación se debe corregir el daño y, antes de que la persona responsable reciba un nombramiento como servidora pública, es necesario analizar el encargo y la relación que guarda cuando discriminó.
Así lo señaló Alfonso Hayim Flores Barrera, asesor jurídico de Daniel, el niño discriminado en el año 2018 con impedirle nadar en la alberca del Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Pachuca que pertenece al Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), organismo que al momento de los hechos encabezaba Fátima Baños Pérez, quien fue vinculada a proceso por el ilícito en mención, mismo que concluyó con una salida alterna.
Recientemente, Baños Pérez fue designada como titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), por lo que Neftalí Reyes Bolaños y Zorayda Robles Barrera, papá y mamá de Daniel, llamaron a rectificar el nombramiento.
Cuestionado al respecto por Plétora Lex, Flores Barrera -quien dio acompañamiento jurídico al asunto y actualmente es director general de Inclusión para las Personas con Discapacidad del Gobierno de Hidalgo- recordó que fue gracias a un amparo en revisión que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la forma en la que se logró que Daniel participara con los deportistas en la modalidad ordinaria y no sólo con personas con discapacidad.
Aunque recordó que al inicio las autoridades de Hidalgo “cerraron todas las puertas”, pero que los papás insistieron y fue como también el caso escaló a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que señaló las inconsistencias que realizó su homóloga local.
Mientras que, por la vía del amparo, Flores Barrera recordó que se reconoció un derecho obligatorio. “Estamos en la época donde los precedentes por existir una vez establecen los criterios que deben de ocupar los demás tribunales y en este caso fue sobre los Ajustes Razonables que son medidas que se debe tomar en cualquier caso de las personas con discapacidad”.
Por ello consideró que el caso de Daniel es un antecedente y que lo más importante es que no se repita y que se repare el daño y en el caso concreto de Fátima Baños, analizar los aprendizajes que el proceso judicial le dejó para que no ocurra nuevamente la discriminación.
Además, puntualizó que la lucha legal contribuye a una sociedad más igualitaria. “Pienso que si todo pasó significa un cambio para la sociedad y tienen que ser un precedente que le sirva a la gente”, finalizó.
