17 de Marzo del 2026
La titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Vanessa Escalante Arroyo, declaró que analizarán la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual señala que una mujer indígena otomí de Ixmiquilpan perdió a su bebé derivado de violencia obstétrica en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en el centro médico de la dependencia estatal en 2023.
“Estamos trabajando esta parte con el área jurídica. Somos respetuosos del actuar de cualquier titular que se haya encontrado ejerciendo este tipo de responsabilidades”, destacó Escalante Arroyo durante entrevista en las rutas de la transformación en Epazoyucan.
Señaló que aquello que corresponde a la Secretaría de Salud será trabajado en coordinación con la institución responsable. “Seremos respetuosos de cualquier circunstancia. Si algo ha instruido el gobernador del estado es el apoyo a los pacientes”.
Recordó que en 2023 ya había empezado la transferencia de los servicios de salud de Hidalgo al gobierno federal; sin embargo, la Secretaría de Salud de la entidad dará seguimiento a los señalamientos de la CNDH. “Seremos muy respetuosos de las recomendaciones emitidas y de las instancias pertinentes”.
Cabe recordar que en la recomendación 10/2026, el organismo protector de los derechos humanos determinó que el Hospital Rural número 30 del IMSS, ubicado en Ixmiquilpan, así como el Hospital del Valle del Mezquital de la Secretaría de Salud de Hidalgo, incurrieron en actos de violencia obstétrica contra una mujer indígena otomí, quien perdió a su bebé por atención médica deficiente.
El 10 de julio de 2023, la víctima, con 38 semanas de gestación, acudió al Hospital Rural número 30 de Ixmiquilpan, debido a que presentó pérdida transvaginal.
Fue revisada por una persona de servicio social quién señaló que en ese momento aún no iniciaba el trabajo de parto y solicitó que se le realizara otro ultrasonido. Al día siguiente, la paciente presentó el estudio; tras revisarlo, le informaron que todo estaba en condiciones normales y la enviaron a casa.
Posteriormente, la víctima acudió a un laboratorio particular para la realización de un ultrasonido obstétrico, de cuya interpretación se determinó la urgencia de practicar una cesárea.
Ante ello, se trasladó al Hospital Rural número 30 donde fue valorada por el mismo personal médico residente, quien después de revisar el ultrasonido presentado comentó que "el peso del bebé no era fiable" y luego de una hora de espera se confirmó la muerte fetal.
Se hizo firmar a la mujer una autorización de procedimiento quirúrgico sin que se le explicaran debidamente los riesgos y se le trasladó al Hospital General del Valle del Mezquital, donde finalmente se le proporcionó la atención necesaria.
