24 de Marzo del 2026
PACHUCA. - Hace más de un mes el exalcalde de Progreso de Obregón, Armando Mera Olguín (2020-2024) salió de prisión luego de pagar 4 millones 670 mil 369.58 pesos y lograr un procedimiento abreviado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, el cual, de acuerdo con la sentencia, cometió por firmar 363 contratos e indemnizar a 20 exservidores públicos que habían renunciado.
La resolución de la causa penal 543/2025 consultada por Plétora Lex indican dos hechos, ambos cometidos cuando Mera Olguín era presidente municipal, encargo que, según la formulación de imputación, usó para realizar contrataciones con recursos públicos por diversos conceptos y montos con personas morales.
En total sumaron las más de 300 mencionadas pero se realizaron de manera ilícita por ser contrarias a lo establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Poder Público y la Ley Orgánica en el Estado de Hidalgo que en su artículo 56 fracción I inciso T, puntualiza que es obligación del ayuntamiento autorizar al presidente municipal la celebración de los contratos con particulares e instituciones oficiales sobre asuntos de interés públicos en términos de dicha normativa, lo cual en el caso en concreto no habría ocurrido así.
Del segundo señalamiento se desprendió que, en su calidad de alcalde y al tener a su cargo fondos públicos, realizó pagos ilegales a 20 servidores públicos por concepto de una indemnización de nombres.
Sin embargo, esta situación no era procedente porque ya existía una renuncia voluntaria por parte de esas personas, aunado a que no existía ninguna resolución laboral o laudo en la que se le ordenara al ayuntamiento a pagar la indemnización.
Estos hechos llevaron al exalcalde a una vinculación a proceso y a una posterior sanción por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, que contempla de uno hasta ocho años de prisión, de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Hidalgo.
Mera Olguín recibió por parte del juez Luis Raúl González Becerra una pena de cuatro años de prisión, lo que le permitió conmutar por 365 horas de trabajo a favor de la comunidad a cumplir en la Secretaría de Salud.
Fue así como dejó el Centro de Reinserción Social de Pachuca, a donde ingresó en abril de 2024 y salió en febrero de 2026, plazo durante el que simpatizantes realizaron movilizaciones para exigir su libertad bajo el argumento de que el exalcalde era un preso político.
La resolución mediante procedimiento abreviado también implicó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo de la condena de prisión, es decir, por cuatro años.
