26 de Marzo del 2026
Con 364 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó eliminar las "pensiones doradas" a jubilados de organismos descentralizados
Para ello se autorizó reformar las fracciones II y III del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de límite a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados.
La reforma establece que ninguna persona servidora pública deberá recibir una pensión mayor a la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del ejecutivo federal.
La reforma afecta a personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, empresas públicas del estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, del gobierno federal.
Así como las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y fideicomisos públicos de estados y municipios.
La reforma no aplica al personal de las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de cuentas individuales para el retiro, las jubilaciones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementario y la pensión no contributiva.
Una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se tendrán que ajustar las pensiones vigentes que excedan los 67 mil pesos.
La aprobación se realizó en medio del debate entre las diferentes bancadas parlamentarias y una protesta a las afueras de San Lázaro por parte de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo el argumento de que la reforma violaría sus derechos como extrabajadores
Durante la votación, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se fueron contra el dictamen. El legislador Federico Döring Cesar se opuso a quitar pensiones a las personas servidoras públicas y Silvia Jiménez afirmó que no puede haber privilegios indebidos, pero tampoco injusticia disfrazada de austeridad.
Margarita Zavala señaló que miles de trabajadores se jubilaron con la certeza jurídica de que sus derechos serían respetados.
De parte de Morena, Haidyd Arreola defendió la reforma, al argumentar que hay jubilados que reciben 4 mil 511 pesos mensuales contra un millón 100 mil 361 pesos de un exfuncionario de Pemex.
La petista Margarita García García cuestionó que la reforma era regresiva y no progresista y su compañero Ricardo Mejía pidió no afectar a personal técnico, médico o especializado tanto de Pemex como de CFE.
Por su parte, legisladores del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano señalaron no estar de acuerdo en que por el influyentismo de unos perdieran trabajadores que se beneficiaron con lo que el Estado les dio años atras.
