30 de Marzo del 2026
En Hidalgo no es posible medir la impunidad derivado de problemas en sus reportes oficiales, por lo que quedó fuera del ranking nacional de esta problemática que afecta a la sociedad, recientemente elaborado por México Evalúa.
“Hidalgo tampoco participa en las mediciones ya que solicitó a México Evalúa no ser parte del presente estudio debido a que tuvieron problemas en el proceso de reporte al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 (CNPJE)”, señala el análisis denominado Radiografía de la Impunidad en el país en 2024.
La experiencia de Hidalgo “a partir del envío de información que no correspondía a la realidad de su Sistema de Justicia Penal (SJP), le permitió hacer un acercamiento con el INEGI para enmendar errores e incluso recibir capacitación y comunicación directa entre las áreas responsables de datos. Este tipo de medidas podrían generalizarse en todas las instituciones de justicia”, recalca México Evalúa.
Derivado de ello, no es posible conocer datos en Hidalgo sobre porcentaje de casos concluidos por acuerdos reparatorios alcanzados en la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH); así como el porcentaje de causas penales finalizadas por acuerdos reparatorios cumplidos en tribunales estatales.
La entidad hidalguense no proporcionó datos sobre porcentaje de causas penales concluidas por suspensión condicional del proceso en tribunales estatales; ni la distribución de sentencias en tribunales según tipo; q y no ejercicio de la acción penal.
En cambio, Hidalgo si proporcionó información sobre la composición del archivo temporal por delito, el cual implica una suspensión efectiva, aunque no definitiva, de la respuesta penal del Estado, que tiene efectos concretos sobre los resultados del sistema de justicia.
El estudio alerta que parte del problema de la impunidad es también un problema de medición. “La ausencia de información sobre cumplimiento de acuerdos, seguimiento a suspensiones condicionales y calidad de las decisiones del Ministerio Público limita la capacidad de evaluar con precisión el desempeño institucional y distinguir entre salidas legales efectivas y cierres meramente administrativos”, resalta.
