09 de Abril del 2026
Donde empieza la justicia de verdad, hay heridas que no aparecen en una carpeta de investigación. Heridas que no dejan marca física, pero rompen rutinas, vínculos, certezas. Hablo de violencia vicaria y violencia digital. Cada una ocurre en espacios distintos —una en el ámbito familiar, otra en el tecnológico—, pero comparten un mismo patrón: son profundamente incomprendidas por quienes deberían investigarlas y proteger a quienes las viven.
En estos años he escuchado historias que empiezan igual:“Llegué al Ministerio Público y me dijeron que era un problema de pareja”. “Me dijeron que la foto ya estaba en internet, que no se podía hacer nada”.“Me regresaron porque no sabían cómo guardar la evidencia. Que era muy difícil probarlo”.
Cada una de estas frases es una oportunidad perdida, no por falta de leyes, sino por falta de un trabajo operativo.
Hoy quiero hablar de una idea que comparto con todas las mujeres que me han acompañado en el camino y me mostraron que no se requieren reformas, decretos ni discursos solemnes; por el contrario, es mucho más simple lograr la creación de protocolos vivos, construidos por quienes realmente conocen estas violencias y por quienes deben enfrentarlas desde lo jurídico y lo técnico.
Protocolos que no nacen del escritorio, sino de la vida real.
Hace tiempo publiqué un mensaje reflexivo en redes sociales: “la justicia no debe tener color, el derecho debe ser igual para todas”.
Dos respuestas me sacudieron. La primera, un hombre que escribió:“En paz descanses, mis condolencias para tu familia”. No era una opinión, era una intimidación velada.
La segunda: “Eres hermosa, no contestas en privado”. Un intento de sexualización disfrazado de halago.
Hice lo que muchas mujeres hacen: borré el comentario y bloqueé al agresor. Pero enseguida comprendí algo que miles viven a diario y es que el bloqueo elimina el comentario, pero no el miedo. La reacción emocional es real, física e inmediata. Aunque conozca la ley y sepa distinguir tipos penales, por unos segundos sentí esa mezcla de alerta, vulnerabilidad y soledad que acompaña a la violencia digital.
Esa sensación —la que se siente en el estómago, no en los libros— es la que ninguna institución registra y por eso los protocolos actuales no funcionan. Porque la violencia digital, la de verdad, no empieza cuando se hackea una cuenta o se difunden imágenes íntimas. Empieza cuando alguien invade tu espacio público para intimidarte, sexualizarte o hacerte sentir insegura, sin que exista una ruta clara de protección.
Lo que viví me hizo entender que si yo, con formación jurídica, sentí temor, ¿qué siente una mujer sin acompañamiento ni herramientas?
Esta pregunta es la que revela la urgencia de los protocolos vivientes: procesos que expliquen qué hacer, a quién acudir, cómo documentar, cómo protegerte, cómo reaccionar, qué capturar, qué guardar y a quién avisar, porque en el momento de la agresión emocional ninguna mujer piensa en términos legales.
Los grandes cambios en la justicia no empiezan con un dictamen legislativo, sino con una mesa, una silla y alguien que decide escuchar, esto es, frente a frente y sin jerarquías. Se empieza por formar un equipo entre una mujer que vivió violencia vicaria o una joven víctima de violencia digital, una psicóloga de familia, una abogada que acompaña, un ciberinvestigador que entiende el lenguaje de los metadatos, y una agente del Ministerio Público que sí quiere trabajar bien, pero que tal vez no sabe cómo.
La mujer agredida y que denuncia explica dónde se perdió la confianza. La psicóloga dice en qué momento debía entrar una medida de protección. La abogada señala qué documento faltó. El ciberinvestigador explica cómo preservar evidencia antes de que desaparezca y la agente del Ministerio Público se capacita.
Este momento es el nacimiento real de un protocolo. No desde arriba hacia abajo, sino desde la horizontalidad en las voces que la ley promete proteger.
Uno de los ejercicios más reveladores es reconstruir el “mapa de recorrido” que consiste en los pasos que una mujer sigue desde que decide denunciar hasta que se le entrega una medida de protección o hasta que se rinde y se va.
A veces el recorrido tiene más obstáculos que soluciones. Alguien narra: “Me pidieron la contraseña de mi teléfono”.Otra dice: “Me dijeron que no podían pedir información a la plataforma”. La tercera: “Me mandaron a pedir una impresión de pantalla al café internet de la esquina”.
El protocolo vivo se construye ahí: al identificar cada punto donde se distrae, se confunde, revictimiza o simplemente no se sabe qué hacer, porque no hay forma de corregir lo que no se nombra.
Un protocolo vivo no es un manual de 200 páginas que nadie leerá, debe ser una herramienta clara, precisa, operativa y humana. Debe convertirse en un instrumento útil, no en un documento simbólico.
No olvides que cuando una comunidad de mujeres juristas respalda una herramienta, esa herramienta se vuelve legítima.
Un instrumento práctico construido desde la experiencia real de víctimas y operadores del sistema de justicia. A diferencia de los manuales tradicionales, es dinámico, claro y orientado a resolver situaciones concretas en tiempo real.
-No borrar evidencia (capturas, enlaces, perfiles)
-Registrar fecha y hora de los hechos
-Evitar interactuar con el agresor
-Reportar el contenido en la plataforma
-Acudir a asesoría legal o
acompañamiento
Es licenciada en derecho y cuenta con una maestría en materia civil. Actualmente cursa la maestría en juicios orales, con la que busca consolidar una formación académica orientada a la impartición de justicia con perspectiva contemporánea y enfoque garantista.
Posee una trayectoria profesional dentro del Poder Judicial de la Federación, donde se ha desempeñado con ética, profesionalismo y compromiso institucional. Su experiencia abarca labores jurisdiccionales y de análisis jurídico, destacándose por su capacidad para la argumentación, la aplicación técnica del derecho y el acompañamiento de personas en contextos de vulnerabilidad.
