09 de Abril del 2024
El Congreso del estado, presentaron un exhorto de manera respetuoso al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), para que el ámbito de sus atribuciones vigile que los perfiles en la postulación de las candidaturas, fórmulas y planillas no se encuentren en ningún supuesto en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
Para evitar que violentadores lleguen a los cargos de elección se presentó un exhortó que deriva del presente proceso electoral 2024, ya que es responsabilidad de la institución revisar toda la documentación necesaria de quienes aspiran una candidatura y que no cuenten con antecedentes de violencia de género.
De acuerdo con el Código Electoral del Estado de Hidalgo en su Artículo 10 Bis, dispone que:
Además de los requisitos de elegibilidad que se señalan en este capítulo, para ser titular del Ejecutivo, legislador, legisladora, presidenta o presidente municipal, síndica, síndico, regidora y regidor, deberán reunir lo siguiente:
I. No haber sido condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género;
II. No estar condenada o condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito de acoso sexual o abuso sexual y/o delitos de violencia en razón de género o violencia familiar;
III. No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda, o bien tramite el descuento correspondiente; y
IV. Presentar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de interés, ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, garantizando la observancia de los principios de protección de datos personales y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.
Esto, con relación a la medida “3 de 3 contra la violencia”, y establecerla como un requisito para ser registrado como candidata o candidato de elección popular, o ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público, otorga certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores, y representa un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres.
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