17 de Abril del 2024
En las 12 penitenciarías de Hidalgo habitan mil 881 personas con la medida de prisión preventiva oficiosa, acusados de ilícitos como homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, entre otros que marca el artículo 19 constitucional.
Dichas cifras divulgadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) sitúan a Hidalgo en el noveno lugar de 29 entidades del país que resguardan en sus Centros de Readaptación Social a 67 mil 877 personas privadas de libertad (PPL).
A Hidalgo solo lo superan lugares como el Estado de México, el cual lideró la lista nacional con 21 mil 718 individuos con prisión preventiva oficiosa, le sigue Jalisco con 8 mil 342; Veracruz con 4 mil 554 y Michoacán, 3 mil 315.
En Puebla hay 3 mil 44 personas con la medida en mención, mientras que, en Guanajuato, hay 2 mil 962; en Nuevo León, 2 mil 379, en Chiapas 2 mil 24 y luego sigue Hidalgo. En los estados restantes los PPL oscilan entre los mil 818 y 30 que es el mínimo y le corresponde a la entidad de Durango.
De acuerdo con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro o trata de personas.
También cuando refieren a ilícitos de robo en casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
Los mismo en delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en desaparición forzada de personas o cometida por particulares, delitos perpetrados con armas y explosivos, así como aquellos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
Las estadísticas a nivel nacional que divulgó la Segob el pasado 16 de abril surgieron en el contexto del próximo análisis que prevé la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al cumplimiento de la resolución que en enero de 2023 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la prisión preventiva oficiosa.
