08 de Mayo del 2024
La administración pública y los procesos legislativos en México enfrentan una de las crisis más profundas y persistentes en su historia. Desde hace décadas la sociedad mexicana ha sido testigo de una serie de desafíos y deficiencias en los sistemas de servicios públicos por parte del Poder Ejecutivo y deficiencias en la atención ciudadana en los procesos legislativos; problemáticas que desafortunadamente han minado la confianza que los ciudadanos tienen en los órganos encargados de la impartición y administración de justicia, pues para solicitar la impartición de justicia, la puerta de acceso es una enorme falta de Estado de Derecho.
En el corazón de esta crisis se encuentran una serie de problemas estructurales que han perdurado a lo largo del tiempo y que han resistido los intentos de transformación: la falta de acceso a los servicios públicos que administra el Poder Ejecutivo, así como el abastecimiento de agua, la educación, las gestiones administrativas ante el gobierno, la recolección de basura, el transporte público, la seguridad, el alumbrado público, la pavimentación, etc. y la nula atención a las necesidades de la ciudadanía durante los procesos legislativos, son en muchos casos; el primer paso hacia la búsqueda de la justicia en México. Para una gran parte de la población el goce de los servicios públicos y la atención ciudadana es poco más que una ilusión, debido a que los ciudadanos enfrentan enormes barreras para acceder a estos derechos, lo que genera que, en situaciones de inseguridad, desigualdad o falta de oportunidades, recurran ante las autoridades encargadas de impartir justicia.
La seguridad, la atención ciudadana y el acceso a los servicios públicos, son derechos fundamentales que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar para todos los ciudadanos, pero en la práctica, la situación es muy diferente; la violencia, el crimen organizado, la impunidad, la inseguridad y la falta de escucha a los ciudadanos son problemas endémicos que han sumido a muchas comunidades en un estado de indefensión.
Para la existencia de una gobernanza en la que todas las personas, instituciones y entidades, incluido el propio Estado, estén sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hagan cumplir por igual y se apliquen con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos, es necesario que los Poderes Legislativo y Ejecutivo, promuevan iniciativas tendientes a garantizar la atención ciudadana con el fin de mejorar en sus funciones, y así hacer del Estado de Derecho, una realidad social.
Para lograr un verdadero Estado de Derecho, es de suma importancia la pronta implementación de programas por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo destinados a fortalecer las instituciones y promover una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos pues estos son los pasos cruciales en el camino hacia una justicia más efectiva y equitativa en México, pues ellos son los encargados de mejorar la administración pública y diseñar el marco normativo a aplicar, respectivamente. Es entonces que, al encontrarse con una deficiente administración pública, y una legislación que no atiende a las necesidades de la ciudadanía, los gobernados tienen que acudir ante autoridades impartidoras de justicia, quienes harán las veces de subsanar las deficiencias de los sistemas de seguridad pública y atención ciudadana, ordenando a las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, atender siempre a los derechos que asisten a los que recurren a la búsqueda de justicia.
Es entonces que, ante una defectuosa administración pública, y un proceso legislativo insatisfactorio; la ciudadanía debe acudir ante las autoridades judiciales para lograr así un verdadero acceso a la justicia.
Los días 26, 27 y 28 de abril de 2024, México lamentablemente experimentó uno de los fines de semana más violentos en su historia reciente, sumando la cantidad de 103 homicidios dentro del territorio Nacional, evidenciando así; la cruda realidad de la falta de seguridad en el país, este trágico acontecimiento es un claro ejemplo de la ineficacia del poder ejecutivo en su labor de garantizar una debida administración pública, obligando de esa manera, a que los ciudadanos recurran ante el Poder Judicial en busca de justicia, situación que pudo haberse evitado si existiese una correcta administración pública.
La incapacidad para prevenir y contener la violencia demuestra una ausencia de estrategias efectivas por parte del gobierno para proteger a sus ciudadanos y combatir el crimen organizado. Es un llamado urgente a la acción para que las autoridades asuman su responsabilidad en la promoción de un sistema de seguridad justo y eficaz para todos los mexicanos.
La sociedad mexicana demanda un cambio real en las políticas y acciones que permitan construir un país más justo y seguro para todos. Es hora de actuar con determinación y coraje para construir un verdadero Estado de Derecho.
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