02 de Mayo del 2026
Los adolescentes que enfrentan a la autoridad por la probable comisión de un delito comparten condiciones de vulnerabilidad que van más allá del hecho que se les atribuye. En muchos casos, se trata de jóvenes que dejaron la escuela —principalmente en secundaria o bachillerato—, que crecen en contextos de pobreza, con carencias alimentarias o en entornos familiares fragmentados.
A estas condiciones se suman antecedentes de violencia en casa, consumo de sustancias y problemas de salud mental. Especialistas advierten que estos factores influyen en su comportamiento, en su capacidad de aprendizaje y en la toma de decisiones, en una etapa marcada por cambios físicos y emocionales, así como por una limitada regulación de impulsos.
Ivonne Ruiz Cerón, abogada postulante y ex jueza especializada en el sistema de justicia para adolescentes, explica que un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual han sido agredidos por personas cercanas, incluso familiares. Este dato, dijo, obliga a las autoridades a actuar con sensibilidad y bajo un enfoque especializado, al tratarse de una población particularmente vulnerable.
Durante el diplomado ofrecido por el Instituto Congresista de las Ciencias Jurídicas, sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México, Ruiz Cerón explicó que el principio del interés superior de la niñez debe guiar todas las decisiones dentro del proceso. Este principio no se aplica de forma general, sino que debe analizarse en cada caso, considerando la opinión del adolescente, su entorno, sus derechos y las posibles consecuencias de las decisiones que se tomen.
Por su parte, Alejandro López Contreras, especialista en el sistema de justicia para adolescentes, explicó que este modelo no tiene un carácter punitivo, sino socioeducativo. Es decir, las medidas que se imponen no buscan castigar, sino orientar, proteger y brindar tratamiento. En ese sentido, subrayó que entender las causas que llevan a un adolescente a cometer una conducta es clave para intervenir de manera adecuada.
También enfatizó que la especialización de quienes participan en estos procesos —jueces, ministerios públicos y defensores— no se limita a tomar cursos, sino que implica comprender el desarrollo de los adolescentes, su contexto y los factores que influyen en su conducta.
Desde el primer contacto con la autoridad, añadió, los adolescentes deben ser informados de sus derechos de manera clara y acorde a su edad, además de ser registrados de inmediato en el Registro Nacional de Detenciones.
Asimismo, para garantizar su acompañamiento durante todo el proceso.
Foto: Especial
