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09 de Junio del 2026
Habitantes de la comunidad indígena de San Ildefonso, perteneciente a Tepeji, acudieron al Congreso de Hidalgo para denunciar la imposición de autoridades comunales.
Los manifestantes acusaron a la presidenta municipal, Tania Valdez Cuéllar, de manipular a la ciudadanía y de negarse a reconocer la voluntad de la asamblea comunitaria.
De acuerdo con las declaraciones de los inconformes, la asamblea del pueblo se rige por usos y costumbres y es la única facultada para elegir o ratificar a sus representantes.
El pasado 24 de mayo, la comunidad celebró una asamblea en la que se votó a favor de la ampliación del periodo de su actual autoridad para culminar los proyectos pendientes.
Con este resultado, Víctor Benítez Martínez ganó el derecho de continuar al frente de la delegación de San Ildefonso.
Sin embargo, los pobladores denunciaron que la alcaldesa impuso a Melitón Donis, quien señalaron es allegado al gobierno municipal y agregaron que no fue electo por la comunidad.
Los manifestantes afirmaron que Donis acababa de regresar de Estados Unidos hace apenas unos meses y que ni siquiera residía de forma permanente en el municipio.
Aseguraron que el ayuntamiento operó de forma inmediata para otorgarle el reconocimiento oficial a Donis el 25 de mayo, tan solo un día después de la votación comunitaria.
Los inconformes acusaron a las autoridades municipales de "comprar" compromisos y pagarle a personas para generar divisiones y enfrentamientos entre los habitantes.
Mateo Cruz Martínez, vecino de la localidad, afirmó que los funcionarios del ayuntamiento les habían asegurado en una mesa de trabajo que no entregarían ningún nombramiento.
No obstante, Cruz Martínez acusó que la alcaldía otorgó el reconocimiento a Melitón Donis, al ignorar los acuerdos pactados con los comités comunitarios.
Una comisión de aproximadamente 30 representantes de San Ildefonso acudió al Congreso para exigir la intervención de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Los representantes de la comunidad, que cuenta con alrededor de 12 mil habitantes, demandaron que se dé marcha atrás al nombramiento impuesto por la presidencia municipal.
Los manifestantes exigen que los diputados escuchen de frente a todos los comités y respeten su autonomía indígena.
