02 de Octubre del 2026
Diez servidores públicos de tres áreas de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo han sido separados de sus cargos o enfrentan procesos por presuntas irregularidades, de acuerdo con la información expuesta en conferencia de prensa.
Los casos corresponden a la Defensoría Pública, el Registro del Estado Familiar y el Instituto de la Función Registral del Estado de Hidalgo.
Cinco servidores fueron separados de la Defensoría Pública
El director general de la Defensoría Pública, Ciro Juárez González, informó que durante la actual administración cinco servidores públicos han sido separados de sus cargos por hechos relacionados con presuntas irregularidades.
Explicó que los casos surgieron a partir de denuncias de usuarios que aportaron elementos para sustentar sus señalamientos, entre ellos transferencias bancarias y comprobantes de depósitos.
De acuerdo con el funcionario, los expedientes están relacionados con servidores públicos que presuntamente solicitaron dinero a personas que acudieron a recibir algún servicio de la institución.
Además de los cinco trabajadores que ya fueron separados, existe una persona que permanece bajo investigación y que no ha sido retirada de su puesto debido a que el procedimiento todavía no concluye y debe garantizarse su derecho de defensa.
Juárez González explicó que, dependiendo de cada expediente, las sanciones pueden incluir la separación del cargo o la inhabilitación. Cuando los hechos pudieran constituir un delito, el caso corresponde a las autoridades judiciales.
Registro del Estado Familiar: dos servidores involucrados
En el Registro del Estado Familiar, cuya directora general es Celia Ramírez Godínez, fueron identificados dos servidores públicos relacionados con presuntas irregularidades.
La funcionaria informó que uno de ellos ya no trabaja en la institución, mientras que el otro se encuentra suspendido.
Ambos casos continúan en proceso y en etapa de investigación complementaria.
Uno de los expedientes está relacionado con el presunto robo de documentos utilizados dentro de las oficinas del Registro del Estado Familiar.
El segundo corresponde a una servidora pública que presuntamente realizaba cobros en efectivo por trámites que debían pagarse mediante el formato F7 y posteriormente depositarse en una institución bancaria.
De acuerdo con la información expuesta, esos cobros habrían generado aproximadamente 300 mil pesos entre agosto del 2025 y enero de este año.
Los expedientes continúan en investigación, por lo que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades que procedan.
Tres procesos administrativos en el Instituto de la Función Registral
El tercer bloque corresponde al Instituto de la Función Registral del Estado de Hidalgo, cuyo titular es José Luis Álvarez Tagle.
El funcionario informó que existen tres procedimientos administrativos contra servidores públicos de esa institución.
Los casos están relacionados con trabajos realizados de manera irregular y con la presunta desaparición de bienes propiedad del Estado que se encontraban bajo responsabilidad de los trabajadores.
Los tres servidores públicos ya no desempeñan funciones dentro del instituto, mientras sus expedientes se encuentran en manos de los órganos internos de control.
Álvarez Tagle también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso en el que un trabajador solicite dinero, condicione un trámite o incurra en algún acto irregular.
Por separado, cinco investigaciones penales contra notarios
Los casos de notarios corresponden a un asunto distinto y no forman parte de los 10 servidores públicos señalados por las tres dependencias.
El director general del Archivo General de Notarías, Mario Pedro Velázquez, informó que se han realizado revisiones en notarías de los 17 distritos del estado, principalmente para verificar el manejo de los protocolos notariales.
Durante las primeras revisiones, realizadas entre 2022 y 2023, alrededor de 80 por ciento de los notarios revisados fueron sancionados con multas de entre 3 mil y 33 mil pesos, principalmente por inconsistencias y desorden en sus protocolos.
El funcionario también informó que se recibían alrededor de cinco quejas diarias contra notarios y que, mediante la intervención de la autoridad, se atendieron 515 quejas antes de que fueran formalmente presentadas.
En los casos considerados de mayor gravedad, actualmente existen cinco carpetas de investigación penal contra notarios.
Además, se informó que dos procedimientos ya concluyeron, aunque durante la conferencia no se precisó si corresponden a las cinco investigaciones actualmente en curso o a expedientes distintos.
Los nombres de los notarios sujetos a investigación no fueron dados a conocer durante la conferencia.
La revisión de los expedientes busca determinar cuáles corresponden a incumplimientos administrativos y cuáles pueden constituir conductas que deban ser investigadas por la vía penal.
