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24 de Junio del 2026
El exalcalde de Singuilucan, Marcos Miguel N.N., obtuvo un amparo que dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le había sido impuesta por el delito de incumplimiento de un deber legal agravado, lo que lo convierte en el primer exedil vinculado al caso conocido como la Estafa Siniestra en conseguir una resolución favorable de este tipo.
En el acuerdo judicial emitido el 23 de junio de 2026 dentro de la causa penal 1937/2025, el Juzgado Segundo de Distrito en Hidalgo resolvió atender los argumentos de la defensa a cargo de Carmen David Solís y conceder la protección de la justicia federal al exfuncionario respecto de la prisión preventiva justificada decretada en su contra, toda vez que el delito que se le imputa no está considerado en el catálogo de prisión preventiva.
El juez de Control del Primer Circuito Judicial de Pachuca, Jesús Anim Ope Islas, recibió la notificación del amparo y ordenó su cumplimiento inmediato. Sin embargo, la libertad del exalcalde quedó condicionada a la exhibición de una garantía económica por 70 mil pesos, monto fijado por la autoridad federal para asegurar su comparecencia y evitar que obstaculice el desarrollo del procedimiento penal.
Para ello, se otorgó al exalcalde un plazo de tres días hábiles para realizar el depósito correspondiente en el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
No obstante, el exedil no recuperará su libertad de manera inmediata, ya que enfrenta otras dos causas penales independientes por las cuales permanece sujeto a proceso.
Marcos Miguel N.N. fue detenido en octubre de 2025 por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) debido a su presunta participación en la denominada Estafa Siniestra.
Las investigaciones lo relacionan con dos expedientes penales: uno por uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con el presunto desvío de 109.6 millones de pesos mediante contratos irregulares celebrados durante su administración municipal, y otro por incumplimiento de un deber legal agravado derivado de la omisión de atender un juicio laboral que generó un daño patrimonial superior a 16.3 millones de pesos al ayuntamiento.
Según las indagatorias de la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso, durante su gestión como presidente municipal de Singuilucan entre 2020 y 2024 se habrían celebrado 161 contratos con 22 personas físicas y morales utilizando recursos extraordinarios que originalmente fueron solicitados para atender necesidades urgentes durante la pandemia de Covid-19.
La PGJEH ha sostenido que el caso forma parte de la investigación de la Estafa Siniestra, un esquema de presunto desvío de recursos públicos que involucra a varios exfuncionarios municipales y estatales de Hidalgo.
Aunque el amparo obtenido obliga a retirar la prisión preventiva en uno de los procesos, su situación jurídica aún depende de las otras causas penales que enfrenta, por lo que continuará recluido mientras los jueces determinan las medidas cautelares aplicables en esos expedientes.
