27 de Abril del 2026
La Fundación Arturo Herrera Cabañas A.C., creada el 15 de junio de 1998 y registrada formalmente en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC) en 2005, recibió en 15 años un total de 4.1 millones de pesos para diversos proyectos. En poco más de dos décadas pasó de ser una organización con acceso constante a recursos públicos a convertirse en una entidad catalogado como inactiva por incumplimiento de obligaciones legales.
De acuerdo con su registro oficial, la organización dejó de presentar informes anuales a la RFOSC desde 2020, lo que ahora hace que su clasificación como OSC sea “inactiva”, una condición que, aunque no implica sanción directa, sí impide validar la vigencia y transparencia de sus operaciones ante autoridades y ciudadanía, según el documento que puede ser consultado en el siguiente link: https://sii.bienestar.gob.mx/portal/?cluni=&nombre=fundaci%C3%B3n+arturo+herrera+caba%C3%B1as&acronimo=&rfc=&status_osc=&status_sancion=&figura_juridica=&estado=&municipio=&asentamiento=&cp=&rep_nombre=&rep_apaterno=&rep_amaterno=&num_notaria=&objeto_social=&red=&advanced=.
Desde su origen, la Fundación definió su objeto social dentro de la promoción educativa y cultural, defensa de derechos humanos, desarrollo comunitario, protección ambiental y creación de infraestructura social como bibliotecas, auditorios y espacios de reflexión.
Así como procurar la observancia y vigencia efectiva de los derechos humanos, en particular de los indígenas. Fomentar y defender la dignidad del hombre y respeto por la vida, así como la divulgación de la cultura a través de cursos, conferencias, seminarios u otros eventos y el aprovechamiento integral de los recursos renovables y no renovables.
Asimismo, se estableció la posibilidad de acceder a financiamiento público, tanto estatal como federal, en ese sentido, durante 15 años, la Fundación gestionó recursos públicos del orden federal y local por un monto que alcanza los 4.1 millones de pesos.
En el nivel estatal, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información con folio 00246014 fechada 11 de diciembre de 2014 fueron 2 millones 439 mil pesos entregados a la Fundación Arturo Herrera Cabañas A.C. entre 2007 y 2010 para diversos proyectos, entre ellos Estudios socioeconómicos del mercado Primero de Mayo, Desarrollo de proyectos ejecutivos e Investigación en evaluación de políticas públicas.
Según el documento, en 2007, se entregaron 300 mil pesos a la Fundación para el Proyecto socioeconómico del mercado Primero de Mayo y del barrio San Clemente en esta Ciudad; en 2008, fueron 389 mil pesos como segundo pago del mismo proyecto.
En 2009, se le entregaron 400 mil pesos para la estructura de la Línea de Investigación de Evaluación de Políticas Públicas; ese mismo año recibieron del gobierno estatal la cifra de 550 mil pesos para el proyecto ejecutivo del Mercado Primero de Mayo y en 2010 se les transfirió para el mismo proyecto la cantidad de 800 mil pesos.
A estos recursos se suman apoyos federales reportados por la propia organización ante Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil., que entre 2009 y 2016 ascienden a 1 millón 716 mil 560 pesos, provenientes de programas como Coinversión Social, Derechos Indígenas, PACMYC (cultura comunitaria) y programas juveniles y de capacitación.
Además de recursos económicos, la Fundación recibió apoyos en especie, asesorías, capacitaciones y convenios, incluyendo su incorporación en 2021 al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
De los recursos federales recibidos por la Fundación, destaca que en 2009, se recibieron 220 mil pesos de la Secretaría de Desarrollo Social para el Programa de Coinversión Social en conjunto con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Por el mismo concepto, en 2010 fueron 249 mil 300 pesos.
En 2011, el monto fue de 75 mil pesos de la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Mexicano de la Juventud en la convocatoria de apoyo a proyectos juveniles “Impulso México”.
En 20212, de SEDESOL vía INDESOL percibieron la cifra de 199 mil 900 pesos para el programa de coinversión social. En 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó la cantidad de 675 mil 360 pesos, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para un programa de Derechos Indígenas.
En 2015, la Fundación recibió 47 mil pesos para un proyecto cultural comunitario, recursos bajados por medio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del PACMYC. En 2016, obtuvo 250 mil pesos de recursos públicos catalogados como subsidios de INDESOL.
Desde 2017 y hasta 2021 que fue el último registro de informe presentado por la asociación, la Fundación recibió apoyos en especie que incluyen asesorías, capacitaciones, y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que otorga empleados a las instancias, mismos que son pagados por el Gobierno Federal.
En total, el flujo de recursos públicos —estatales y federales— supera los 4 millones de pesos, sin que exista claridad pública sobre financiamiento adicional gestionado a nivel nacional o internacional.
Respecto de la recepción de recursos públicos, Tonatiuh Herrera fue cuestionado y confirmó que los recibieron, pero no dijo cuánto. “Hemos recibido apoyos internacionales, federales, estatales, pero no este año, desde la pandemia (de covid-19) que yo recuerde, ganamos de Indesol, como dos o tres años consecutivos, pero eso no era para las exposiciones, era para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, son convocatorias internacionales”, sostuvo.
Afirmó que los recursos de esos programas se destinaron directamente a la Fundación, “se lo hemos destinado al objeto que está planteado, son convocatorias, todo es público, es auditable” y agregó que “no es delito”.
Uno de los beneficios más relevantes otorgados a la Fundación fue el uso de un inmueble público.
Se trata de una casa ubicada en la calle Ignacio Allende número 113, en el centro de Pachuca, con una superficie de 690 metros cuadrados, entregada mediante contrato de comodato —es decir, préstamo gratuito— mismo que se materializó en el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto.
El acuerdo fue firmado poco después de que Irma Eugenia Gutiérrez, presidenta de la Fundación Arturo Herrera Cabañas concluye el cargo de secretaria de Salud durante la administración priista encabezada por Jesús Murillo Karam.
El contrato de comodato establecía el uso gratuito del inmueble por una vigencia inicial de 20 años, fue firmado el 4 de junio de 2004, por lo que su conclusión estaba prevista el 3 de junio de 2024. En el convenio se establece que el préstamo del inmueble puede ser prorrogable hasta por otros 20 años y deberá ser renovado dentro de los 10 días previos a su terminación.
En el contrato se establece la obligación de destinar el inmueble exclusivamente al objeto social, también menciona la responsabilidad de la organización de cubrir los servicios y mantenimiento, aunque se menciona la posibilidad de subarrendar o ceder su uso,pero con previa autorización estatal, pero dicha cláusula quedó fuera del contrato con la renovación.
Posteriormente, durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, el comodato fue renovado para el periodo del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2042, es decir, dos años antes del vencimiento del primer convenio, y apenas seis meses antes de que rindiera protesta el nuevo gobernador Julio Menchaca Salazar; además, se amplió el objeto social para incluir actividades culturales, deportivas y la posibilidad de sumar patrimonio.
Dicho contrato de comodato fue firmado por por el entonces Oficial Mayor, Martiniano Vega Orozco, actualmente enfrenta procesos penales relacionados con presuntos delitos de corrupción y por la presidenta de la Fundación Irma Eugenia Gutiérrez Mejía.
La fundación no puede entenderse sin el contexto de la familia que la encabeza. Su presidenta, Irma Eugenia Gutiérrez, cuenta con una larga trayectoria en el sector público y académico. Ha sido secretaria de Salud en Hidalgo, directora general de Salud Pública en el entonces Distrito Federal y coordinadora nacional de Prestaciones Sociales en el IMSS, además de ocupar cargos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Sus hijos Arturo y Tonatiuh de apellidos Herrera Gutierrez, también han ocupado posiciones clave en el ámbito gubernamental. Arturo se desempeñó como secretario de Hacienda durante el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, y Tonatiuh ocupó un cargo en materia ambiental dentro de la administración federal en el mismo periodo. Al dejar su cargo, regresó a Pachuca con la intención de ser presidente municipal.
El punto de quiebre en la historia reciente de la Fundación es el uso del inmueble público. Las autoridades municipales detectaron que el espacio no se destinaba exclusivamente a actividades sociales, sino que operaba una cafetería, que además no contaba con los permisos necesarios, por lo que dieron aviso a la autoridad estatal, toda vez que a su decir había una actividad de carácter mercantil no contemplada en el comodato.
Ante ello, el coordinador jurídico del gobierno estatal, Raúl Serret Lara, advirtió que el uso de bienes públicos fuera de los fines establecidos “no puede ni debe normalizarse”.
El inmueble forma parte del patrimonio del Poder Ejecutivo estatal y, por ley, debe destinarse a fines públicos, preferentemente para uso de dependencias gubernamentales.
El caso se inserta en una política más amplia del gobierno estatal, que recientemente informó la recuperación de 385 inmuebles públicos, con un valor superior a mil 200 millones de pesos.
Dentro de esta estrategia se inició el proceso legal para rescindir el contrato de comodato de la Fundación Arturo Herrera Cabañas A.C., con el objetivo de reintegrar el inmueble al patrimonio público.
Hoy, la Fundación acumula antecedentes de financiamiento público, convenios y participación institucional, pero igual destaca por no cumplir con obligaciones básicas de transparencia y derivado de ello es considerada como inactiva.
