19 de Abril del 2026
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Yazmín Jacqueline Zamudio Ramírez no pensaba en hospitales cuando inició su embarazo. Pensaba en su hija. En cargarla, en alimentarla, en volver a casa. Tenía 33 años y, como muchas mujeres, decidió invertir en lo que creyó sería una atención más segura: un servicio privado.
En mayo de 2025 cambió su control prenatal a la Clínica “Santa Clara” localizada en el municipio de Nopala. Pagó consultas semanales, estudios, ultrasonidos. Todo apuntaba a un parto natural, pero el 3 de junio, después de más de doce horas de labor, le dijeron que tenía que ser cesárea.
Entró al quirófano sin saber que ese sería el inicio de una pesadilla. Al término de la cirugía le dijeron que todo había salido bien. Su bebé estaba vivo. A ella la dieron de alta al día siguiente. Demasiado pronto, pensaría después, pero en ese momento confió.
Volvió a casa con dolor, como tantas mujeres después de una cesárea. Sólo que el dolor no cedía y después llegaron las fiebres de 39 y 40 grados, el sangrado, el cuerpo empezaba a fallar y optó por regresar a la clínica, pero en lugar de atención, se topó con negación.
Le dijeron que era una infección urinaria, le dieron medicamento y la regresaron a su casa.. No hubo estudios, no hubo urgencia, no hubo hospitalización.
Horas después, tuvo que ser ingresada de emergencia en el Hospital General de San Juan del Río. El diagnóstico fue otro, completamente distinto. Restos de placenta dentro de su útero. Una infección avanzada: endometritis puerperal, con signos de que podía convertirse en sepsis.
Lo que no retiraron en quirófano, estaba ahí, descomponiéndose dentro de ella. La intervención fue inmediata. Un procedimiento de limpieza. Antibióticos. Monitoreo constante. Entre cuatro y cinco días hospitalizada, con anemia, fiebre, dolor. Y una posibilidad de perder la matriz.
Mientras tanto, su hija recién nacida no estaba con ella.No pudo amamantarla. No pudo cargarla. La distancia no fue solo física; fue impuesta por una cadena de decisiones médicas que nunca debieron ocurrir.
Ahora sabe que el alta no debió ser tan rápida, que hubo posibilidades de detectar el origen de la fiebre, pero no se llevó a cabo un protocolo adecuado, pero además, que el hecho de que fuera cesárea obligaba la presencia de un pediatra, el cual no hubo.
Cuando pidió su expediente clínico, la respuesta fue un resumen breve, incompleto. Sin detalles. Sin nombres claros. Sin respuestas.
Entonces empezó otro camino. Más largo, más desgastante.
Presentó quejas ante la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por la actuación irregular, en la que se solicita la verificación de los hechos irregulares y la práctica médica que pone en riesgo su vida, pero el caso fue turnado a la COPRISEH (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo), y hasta la fecha sigue sin entregar la información solicitada bajo el argumento de que tiene el carácter de confidencial.
Ante las evasivas, se ingresó una queja ante el Órgano Interno de Control de la COPRISEH, pero tampoco ha actuado lo que lleva a Yazmín a pensar que existe “complicidad o actos de corrupción”.
También acudió a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ( CONAMED), donde el proceso quedó en conciliación, sujeto a la voluntad de la propia clínica.
La vía ante derechos humanos fue abandonada por desgaste administrativo, mientras que las acciones civil y penal permanecen en suspenso, condicionadas a la obtención de información clínica completa.
Nada ha sido sencillo desde entonces. Yazmín solo iba por una cesárea.
Salió con una infección grave, separada de su hija, con el cuerpo intervenido dos veces y con una historia clínica que no cuenta toda la historia.
Yazmín no habla solo de su caso, busca que su experiencia no le pase a otras personas. “Que no se queden calladas… porque yo no quisiera que alguien más pase por lo que yo pasé”.
También lanza una advertencia directa: “No hay necesidad de caer en clínicas que no te garantizan una buena atención”.
Su experiencia, dice, no fue solo negligencia médica. Fue abandono. “Ellos tenían que hacer bien su trabajo… para eso se les estaba pagando”.
Pagó 25 mil pesos por la cesárea, más consultas. más estudios, medicamentos, traslados, hospitalización, fórmula para su hija y un costo que no se mide en dinero: El trauma.
Hoy, su hija está por cumplir un año, ella sigue en recuperación, su caso sigue abierto, no ha alcanzado ni visto justicia, ni siquiera respuestas, porque a veces no basta con sobrevivir a una mala práctica médica, sin que también hay que sobrevivir al sistema que debería investigarla.
