22 de Abril del 2026
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La controversia por el retiro del comodato a la Fundación Arturo Herrera Cabañas del edificio que ha ocupado durante 30 años en el centro de Pachuca llegó al Congreso de Hidalgo, donde diputados debatieron sobre el derecho del gobierno de recuperar inmuebles públicos, así como la postura de la asociación civil de mantener la administración de dicho lugar.
En tanto, durante una reunión informativa, Tonatiuh Herrera señaló que fue rechazado el amparo que inició la fundación y agregó que mantendrán abiertas las puertas del inmueble.
Además, en sesión en el Congreso local, la diputada, Mónica Reyes Martínez, dijo que el estado no está obligado a prestar los bienes a las fundaciones, en referencia a la decisión del gobierno de Hidalgo de retirar el comodato del inmueble que actualmente ocupa la Fundación Arturo Herrera Cabañas.
El debate cultural llegó al Congreso local, luego que durante los asuntos generales de la sesión pública de este martes la diputada Tania Meza Escorza se pronunció contra la revocación que llevó a cabo el gobierno de Hidalgo, lo cual provocó reacciones entre los diputados.
Mónica Reyes señaló que durante mucho tiempo, “el patrimonio público fue tratado como moneda de cambio, como pago de favores, como botín silencioso de una red de complicidad que convirtió lo que es de todos en propiedad de unos cuantos”.
Ese modelo, el del viejo régimen, no solo toleró la simulación, sino que la convirtió en norma, por lo que se actúa contra eso. “Hay que decirlo con completa claridad, no es posible que se pretenda hablar de derechos culturales cuando lo público se administra como privilegio”.
Dijo que no se elimina a ninguna fundación ni se está cancelando el trabajo cultural de nadie. “Quienes integran ese proyecto conservan intacto su derecho para seguir creando y aportar a la vida cultural de Hidalgo, nadie les está cerrando las puertas de la cultura. Lo que se está haciendo es recuperar un bien que nunca dejó de ser público”.
Agregó que una cosa es trabajo cultural que es valioso y necesario y otra muy distinta es la apropiación de un inmueble que pertenece a todos.
“La decisión de recuperar el inmueble no es contra la cultura, es contra la apropiación indebida de lo público, es poner orden donde antes había discrecionalidad. Es recordar que los bienes del estado no son concesiones eternas ni feudos personales, sino herramientas para garantizar derechos y la cultura. En esta nueva etapa dejan de ser ornamentos de élites para convertirse en territorio vivo del pueblo”, dijo.
Agregó que el gobierno de Julio Menchaca no llegó para negociar con el pasado, sino para romper con esas prácticas, recuperar lo que nunca debió perderse y para devolverle a la ciudadanía lo que siempre le ha pertenecido. “Cada inmueble rescatado, cada espacio abierto, cada privilegio eliminado es una señal clara: el poder público no está al servicio de unos cuantos”.
