30 de Abril del 2026
PACHUCA. - Con una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se busca que la discriminación se considere como una falta grave en los servidores públicos, ello a raíz de los actos discriminatorios que recibió Ángel Daniel, un niño con Síndrome de Down, quien en el 2018 fue excluido por autoridades del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) para nadar en una alberca olímpica.
Su caso llegó hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue retomado nuevamente ante la inconformidad de la designación de un cargo público a favor de Fátima Baños Pérez, quien fue sentenciada por el delito de discriminación en contra de Ángel Daniel, esto, cuando era la titular del Inhide.
Es la senadora Karina Isabel Ruíz Ruíz, integrante de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, quien está a cargo de dicha iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 7; la fracción XII al artículo 49 y el artículo 63 ter a la normativa en mención.
Lo anterior incluye como responsabilidad los actos que impliquen un trato de distinción, segregación y que tengan como consecuencia la negación, restricción o menoscabo de derechos fundamentales.
También el acceso a servicios públicos, programas sociales o el ejercicio de derechos humanos, así como en casos de reincidencia o cuando exista relación de subordinación con sus subordinados serán responsabilidad administrativa.
De acuerdo con la propuesta, la iniciativa parte de una premisa sobre que la discriminación en el servicio público debe ser atendida con "herramientas eficaces, proporcionales y acordes con un enfoque de derechos humanos, privilegiando mecanismos administrativos antes que punitivos".
Finalmente, la propuesta puntualiza que no se busca la criminalización de estas conductas, sino su incorporación dentro del catálogo de faltas administrativas para activar procedimientos de investigación, sanción y reparación.
