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27 de Mayo del 2026
La prisión preventiva oficiosa debe analizarse desde el Derecho Positivo, ya que, al abordarse desde el Derecho Natural, se convierte en una de las figuras más controvertidas del sistema penal mexicano contemporáneo.
En este sentido, el análisis se sustenta en lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé la imposición automática de esta medida cautelar para determinados delitos. Desde la perspectiva del legislador, su finalidad es facilitar a la persona juzgadora la valoración de las circunstancias del caso mediante un marco normativo previamente definido.
Esta particularidad ha generado un intenso debate jurídico, especialmente a partir de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2022, que cuestionan su compatibilidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Como se puede confrontar en la Constitución, a diferencia de la prisión preventiva justificada —que exige acreditar riesgos procesales como fuga o peligro para la víctima—, la prisión preventiva oficiosa se aplica de manera obligatoria, eliminando el análisis judicial individualizado y vulnerando tanto alcances como facultades de la persona juzgadora.
Este diseño normativo ha sido ampliamente criticado por convertir una medida cautelar en una forma de privación de la libertad anticipada, afectando directamente la presunción de inocencia. Como señala Carbonell (2023), la automatización de la medida desnaturaliza su finalidad y la aproxima a una sanción previa al juicio.
En este sentido, la figura plantea una tensión estructural entre la política criminal del Estado —orientada a combatir delitos graves— y el respeto a los Derechos Humanos.
La Corte Interamericana ha establecido que la prisión preventiva debe ser excepcional, necesaria y proporcional, y sólo puede imponerse tras un análisis individualizado del caso (Corte IDH, 2017).
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que su uso excesivo o automático constituye una violación al derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia (CIDH, 2013).
Estos estándares obligan a los Estados que forman parte, entre ellos nuestro país, a justificar plenamente la medida cautelar, evitando su aplicación generalizada y saturando nuestras cárceles con inocentes.
En la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, la Corte IDH determinó que el Estado mexicano incurrió en violaciones a derechos humanos al aplicar medidas de privación de la libertad sin control judicial efectivo (Corte IDH, 2022).
- Carecen de finalidad cautelar real
- Operan como penas anticipadas
- Eliminan el análisis de necesidad y
proporcionalidad
- Vulneran la libertad personal y el
debido proceso
Además, la Corte enfatizó que las medidas automáticas de prisión preventiva son incompatibles con la Convención Americana, al impedir que el juez ejerza un control efectivo sobre la restricción de la libertad.
A partir de esta sentencia antes citada, el Estado mexicano tiene la obligación de adecuar su marco normativo y garantizar que la prisión preventiva se aplique conforme a estándares internacionales (Corte IDH, 2022).
No obstante, surge una problemática compleja: la prisión preventiva oficiosa está prevista directamente en la Constitución, mientras que los tratados internacionales en materia de derechos humanos también tienen jerarquía constitucional (SCJN, 2011).
Esta situación genera un conflicto normativo que ha sido objeto de debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en torno a los alcances del control de convencionalidad frente a disposiciones constitucionales. Sin embargo, estos debates han generado criterios que permiten a las personas defensoras y juzgadoras su utilización evitando que personas inocentes sean presas de manera arbitraria.
La prisión preventiva oficiosa evidencia una de las mayores tensiones del constitucionalismo mexicano actual: la coexistencia de un modelo de seguridad pública restrictivo con un sistema de derechos humanos garantista.
Mientras la política criminal busca responder a la demanda social de seguridad, el derecho internacional exige que ninguna persona sea privada de su libertad sin un análisis individualizado y proporcional.
En este contexto, la postura de la Corte Interamericana es clara: la automatización de la prisión preventiva es incompatible con una democracia constitucional basada en el respeto a la dignidad humana (Corte IDH, 2022).
La discusión sobre la prisión preventiva oficiosa no es meramente técnica, sino profundamente estructural. Implica definir si el sistema penal mexicano privilegiará la eficacia punitiva o el respeto a los derechos fundamentales, puesto que para ello la parte política representaría también un reto por la delicadeza de los delitos reconocidos en el artículo 19 y la sensibilidad para su incorporación en la sociedad.
La eventual armonización entre el derecho interno y los estándares internacionales no sólo es una obligación jurídica,sino una condición necesaria para consolidar un Estado constitucional de derecho, mismas que actualmente dependen de la interpretación de la persona juzgadora.
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Referencias
Carbonell, M. (2023). Derechos humanos y prisión preventiva en México. Porrúa.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2013). Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2024).
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Caso Suárez Rosero vs. Ecuador.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2022). Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (2011). Expediente Varios 912/2010.
Mtra. Malina Xóchitl Muñoz Cruz
Es doctorante en Derecho Judicial y maestra en Género y Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica Internacional y en Economía con especialidad en Economía Internacional por el Instituto Politécnico Nacional.
Cuenta con amplia trayectoria legislativa, iniciada en el Senado de la República donde participó en la elaboración de leyes en materia de desarrollo social, desaparición forzada y derechos de las personas con discapacidad. En el Congreso del Estado de Hidalgo, contribuyó a reformas como el matrimonio igualitario, Ley Olimpia, interrupción legal del embarazo y el registro de víctimas indirectas.
Ha sido directora en el Instituto de Estudios Legislativos, secretaria técnica en comisiones legislativas en el Congreso del Estado de Hidalgo, asesora en distintos cabildos, así como docente universitaria y abogada litigante en el Despacho “Muñoz Cruz y Asociados”.
