24 de Abril del 2026
En medio del proceso de armonización legislativa derivado de la reforma constitucional en materia municipal, el abogado Jorge Nazar Arteaga lanzó una crítica directa a la forma en que se legisla en Hidalgo, al considerar que, pese a que existe una mayoría política que se asume de izquierda, no se advierte una base ideológica clara en las reformas ni en la producción normativa.
En entrevista, el especialista planteó que uno de los principales vacíos en el trabajo legislativo actual es la falta de referentes teóricos y doctrinales que orienten las decisiones de los diputados y diputadas locales.
“Yo cambiaría la pregunta clásica de cuántos artículos tiene la Constitución, por algunas más relevantes, por ejemplo: ¿cuál es su línea ideológica en el derecho de izquierda? o ¿Con qué pensador, ideólogo, filósofo o autor se identifica?, ¿Por qué?, simplemente ¿Cuál es su libro favorito en la corriente ideológica o derecho de izquierda?”, señaló.
Desde su perspectiva, esta interrogante permitiría identificar si existe una verdadera identidad política e ideológica en quienes integran el Congreso, más allá del discurso. Indicó que no se trata de mencionar autores evidentes, sino de evidenciar una línea de pensamiento que sustente las propuestas legislativas.
Nazar Arteaga consideró que, en la práctica, las reformas impulsadas en el Estado —incluidas las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal— no reflejan un enfoque propio del llamado “derecho de izquierda”, sino que, por el contrario, reproducen esquemas tradicionales.
“Difícilmente vas a encontrar una reforma que pueda identificarse con el derecho de izquierda. Es más de lo mismo”, afirmó.
El abogado explicó que legislar desde una perspectiva de izquierda implica, entre otros aspectos, promover la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. En ese sentido, mencionó mecanismos como las asambleas comunitarias, el presupuesto participativo y el escrutinio postlegislativo como herramientas que deberían incorporarse de manera sistemática.
Sobre las asambleas comunitarias, señaló que podrían ser la base para la construcción de iniciativas legislativas, obligando a los representantes populares a regresar a sus distritos y recoger de manera directa las demandas sociales.
“Si eres representante, lo lógico es que tus propuestas provengan de la población que representas”, expuso.
En cuanto al escrutinio postlegislativo, explicó que se trata de un mecanismo mediante el cual los congresos dan seguimiento a las leyes que aprueban, evaluando su impacto real, particularmente en materia económica. Sin embargo, indicó que este tipo de prácticas no forman parte del modelo legislativo actual en México.
Asimismo, se refirió al presupuesto participativo como una herramienta que permitiría a la ciudadanía decidir el destino de recursos públicos, incluidos aquellos que puedan generarse a partir de medidas de austeridad, como la reducción de cargos en los ayuntamientos.
El especialista también cuestionó la tendencia de entender el “derecho de izquierda” únicamente como la ampliación de derechos o la promoción del voto en distintos ámbitos, sin incorporar mecanismos de deliberación pública.
Jorge Nazar añadió que incluso desde la teoría contemporánea existen posturas críticas sobre la forma en que se ha interpretado la democratización de las instituciones, y mencionó que algunos autores han advertido sobre los riesgos de reducir este concepto a ejercicios meramente formales.
En ese sentido, insistió en que el debate legislativo debería centrarse en la construcción de una “conversación entre iguales” entre autoridades y ciudadanía, lo que implicaría replantear los procesos de toma de decisiones.
Finalmente, Nazar Arteaga señaló que la ausencia de estos elementos en el trabajo legislativo refleja una desconexión entre el discurso político y la práctica normativa. “El asunto no es decirse de izquierda, sino actuar como tal en la forma de legislar”, concluyó.
El señalamiento se da en un momento en que el Congreso de Hidalgo se encuentra en proceso de definir las adecuaciones legales derivadas de la reforma constitucional, lo que, de acuerdo con el especialista, representa una oportunidad para incorporar mecanismos de participación y evaluación que fortalezcan el vínculo entre representantes y ciudadanía.
