27 de Abril del 2026
PACHUCA. - Tras recibir sentencia por uso ilícito de atribuciones y facultades, el exalcalde de Progreso, Armando Mera Olguín manifestó que, aunque goza de libertad, todavía adeuda las jornadas de labor comunitaria que indica su sentencia; sin embargo, atribuyó esta situación a retrasos que posiblemente son intencionales y que, a su consideración, pretenden limitarle sus aspiraciones por un cargo de elección popular.
El expresidente municipal simpatizante del Partido del Trabajo (PT) asistió el pasado 24 de abril a la instalación del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, evento que se llevó a cabo en Pachuca, Hidalgo y que presidió Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mera Olguín indicó que no daría declaraciones, esto a casi tres meses de que abandonó la penitenciaría a donde ingresó en abril del año 2024; no obstante, sí ofreció una entrevista con medios de comunicación y señaló que asistió para intentar visibilizar el asunto del exdiputado local petista Edgar N, actualmente privado de la libertad.
El exalcalde insistió que fue un “preso político” y que, aunque ya salió de prisión, dijo que estaba pasando “por una etapa de una restricción, vamos a decirlo del sistema público, quisiera mantener a ese margen”.
Lo anterior al señalar que aún no le indican en qué lugar desempeñará sus jornadas comunitarias, lo cual forma parte de su proceso abreviado.
“Fui sentenciado a jornadas a favor de la comunidad y casualmente no me las quieren dar, porque quieren alargar el proceso para, desde mi punto de vista, que el tiempo electoral me absorba”.
Conforme en la resolución de la causa penal 543/2025 a la que Plétora Lex tuvo acceso, Mera Olguín recibió por parte del juez Luis Raúl González Becerra una pena de cuatro años de prisión, lo que le permitió conmutar por 365 horas de trabajo a favor de la comunidad que debe cumplir en la Secretaría de Salud.
Sin embargo, el exalcalde insistió que aun cuando ya solicitó por escrito la asignación, todavía no le indican en qué lugar a pesar de que la sentencia data de febrero; por lo anterior, mencionó que es posible que se trate de una forma de limitar sus aspiraciones políticas de una diputación federal abanderado por el PT.
Además del trabajo comunitario, fue condenado al pago de 4 millones 670 mil 369.58 pesos, aunque acusó que ya había realizado un pago previo en justicia alternativa y aunque no precisó el monto, aseguró que pagó dos veces.
Mera Olguín insistió en que fue un “preso político” tras argumentar que el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que le imputaron, lo pudo enfrentar libre.
“Son temas que se enfrentan en libertad, lo enfrenté en la cárcel, nunca se me cambió la medida cautelar, estuve bajo tortura”, finalizó.
De acuerdo con la sentencia, Mera Olguín cometió dichos delitos por firmar 363 contratos e indemnizar a 20 exservidores públicos que habían renunciado, lo que causó un detrimento a las arcas municipales de Progreso de Obregón.
