07 de Julio del 2026
PACHUCA. – A un año del asesinato de dos agentes de investigación, golpeados al interior de la Capilla del Angelito Negro en Pachuca, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) reforzó los protocolos durante las diligencias ministeriales con el acompañamiento de la Guardia Nacional, el Ejército y otras corporaciones policiacas.
Francisco Fernández Hasbún, encargado del despacho de la PGJEH, informó que la asistencia se aplica en cateos y técnicas de investigación; esto, luego de que los días 6 y 7 de julio de 2025 perdieron la vida Vicente Monroy Ballesteros y Paulino Castañeda Aguilar, agentes con más de 20 años de servicio en la procuración de justicia.
Ambos fueron localizados con vida y trasladados a distintos hospitales de Pachuca, luego de haber sido privados de la libertad y agredidos en la Capilla del Angelito Negro, a donde acudieron a notificar una orden de restricción relacionada con un caso de violencia familiar, diligencia durante la cual fueron sometidos por los cuatro presuntos agresores, actualmente detenidos.
"Le estamos pidiendo hasta apoyo a la Guardia Nacional y al Ejército para que nos acompañen en las técnicas de cateo o alguna técnica de investigación para cuidar a nuestro personal", señaló Fernández Hasbún.
El procurador recordó que no es la primera ocasión en que enfrentan hechos de esta naturaleza, pues anteriormente también se registró un caso similar en Tizayuca, por lo que ahora buscan que incluso las diligencias de menor riesgo, tengan respaldo de otras instituciones de seguridad.
Respecto al proceso penal por la muerte de los dos agentes, Fernández Hasbún indicó que la causa ya se encuentra en la etapa intermedia del procedimiento penal y se aproxima la fase de juicio oral.
"Vamos bien. Estamos en la etapa intermedia, que ya está por concluir, para entrar a juicio", afirmó. Asimismo, añadió que los más de 140 años que solicitó la PGJEH por la muerte de cada víctima sería una sentencia que calificó como "justa".
Finalmente omitió proporcionar información sobre la investigación administrativa en contra de Patricia Moya, jefa de ambos agentes, quien tras los hechos fue señalada de presunto hostigamiento laboral y por no buscar de inmediato a las víctimas de dicho caso.
