12 de Junio del 2024
A pesar de estar inhabilitados para ejercer cargos públicos, Amado Pérez Hernández y Carlos César Pérez Escamilla han sido electos como presidentes municipales de Zacualtipán y San Felipe Orizatlán, respectivamente.
De acuerdo con el portal de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo, se encuentran documentado en el listado de servidores públicos sancionados; ambos casos destacan por las irregularidades y omisiones cometidas durante sus anteriores mandatos, las cuales llevaron a su inhabilitación temporal.
Amado Pérez Hernández, quien actualmente es presidente electo de Zacualtipán, fue inhabilitado por un periodo de seis meses debido a que no presentó su declaración de situación patrimonial al concluir su cargo como presidente del concejo municipal interino en 2020.
El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento inició el expediente MZAC/CM/2023/PRA0004, resultando en una sanción que abarcó desde el 26 de febrero de 2024 hasta el 26 de agosto de 2024. A pesar de que esta sanción concluye antes de que asuma el cargo como presidente municipal, la inhabilitación estaba vigente cuando el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) le otorgó el registro como candidato del Partido del Trabajo (PT).
En un caso similar, Carlos César Pérez Escamilla, alcalde electo de San Felipe Orizatlán, fue inhabilitado por un periodo de 30 meses debido a que abandonó su cargo de regidor tras una acusación en su contra.
El expediente PRA/0001/2023, iniciado por el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, detalló que Pérez Escamilla no presentó su declaración de situación patrimonial y abandonó sus funciones sin licencia. La sanción, que abarca del 28 de agosto de 2023 al 28 de febrero de 2026, no impidió que fuera electo alcalde y se prepara para asumir el cargo el 5 de septiembre de 2024.
Estos casos ponen en evidencia una cuestión crítica: según la convocatoria para la elección de ayuntamientos en Hidalgo, el estar inhabilitado no es un impedimento para registrarse como candidato. Los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Constitución de Hidalgo no incluyen la necesidad de una carta de no inhabilitación y esta situación ha generado debate sobre la integridad del proceso electoral y la eficacia de las sanciones impuestas a servidores públicos.
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