29 de Junio del 2024
A poco de que tome poder la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, se llevaron a cabo los Diálogos Nacionales sobres la Reforma Constitucional al Poder Judicial que buscan poner en mesa los pro y contras de la iniciativa propuesta en febrero por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario de Morena señaló que el encuentro refuerza los principios del partido para garantizar la democracia y la división entre poderes: “estamos dispuesta escuchar procedimientos, mecanismos y protocolos con los que garanticen la independencia y autonomía plena de los órganos que deberán ser electos democráticamente”, expresó.
Sin embargo, fue el senador Julen Rementería del Puerto, coordinador parlamentario del PAN quien externó estar inconforme con la elección de jueces, ministros y magistrados porque, aunque se argumenta que con dicha propuesta se puede eliminar la corrupción, otorgar mayor autonomía al Poder Judicial, acabar la impunidad y mejorar las condiciones y procesos en la resolución, no hay elementos que confirmen dichas afirmaciones.
A ello, se sumó Rubén Moreira Valdez, coordinador parlamentario del PRI quien aseguró que la iniciativa requiere un tiempo largo de reflexión, por lo que no se puede discutir al término de un sexenio.
También, Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador parlamentario del PRD dijo no estar de acuerdo con el tema de elección popular, ya que no garantiza la autonomía y en el menor de los casos se debilita la certeza jurídica.
El ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, también, externó que la sustitución de más de un mil 600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la SCJ generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federal.
Ante ello, sugirió que esa sustitución debería ser de manera gradual, atendiendo las vacantes que se van presentando y que haya colaboración entre las personas juzgadoras provenientes de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales de la iniciativa. Esto, a fin de cuidar los derechos laborales de quienes podrían ser sustituidos.
Juan Luis González Alcántara, ministro de la SCJN, dijo que la iniciativa sí pone en riesgo a una justicia independiente e imparcial para millones de personas. Igualmente, cuestionó la participación del voto popular, porque según el ministro, la sociedad sólo evalúa propuestas y no resultados.
Asimismo, el ministro Javier Laynez Potisek expresó que, a más de 30 años con un sistema ya establecido, no es posible que sólo se haya generado un sistema de corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias, mostrando su oposición a la reforma.
Finalmente, Norma Sofía Piña Hernández, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal recordó la creación de una agenda legislativa del Poder Judicial que tenía como objetivo construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas.
Basado en dicha investigación y las necesidades de la población, invitó a los presentes a ser críticos con datos reales bajo las necesidades de las personas.
Y dijo que esta reforma debe otorgar mejores juzgadores, más capacitados y de integridad, y así, abrir paso a una verdadera justicia.
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