Amplían catálogo de prisión preventiva oficiosa

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio luz verde a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Con esta aprobación, se incluyen nuevos crímenes como la extorsión, el narcomenudeo, la producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas—como el fentanilo—, así como la defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes fiscales. Esta medida, que busca fortalecer el combate a la delincuencia y el crimen organizado, ha generado un intenso debate sobre su impacto en los derechos humanos y el sistema judicial mexicano.

La iniciativa, presentada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refiere como urgencia la necesidad de modificar el marco normativo y como una medida de erradicar las prácticas que dañan la salud y el patrimonio mexiquense.

Una de las intervenciones más fuertes (en contra) fue la del diputado de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa Mijares, quien externó que la iniciativa es más que una falsa sensación de seguridad y que atenta contra las personas que no tiene recursos para defenderse.

También, recalcó que la prisión preventiva oficiosa ha sido considerada como una violación a la presunción de inocencia y contraria al sistema penal acusatorio.

Paulina Rubio Fernández del PAN respaldó el argumento de que afecta las personas más pobres y dan una salida fácil a las fiscalías.

Asimismo, Rubén Moreira del PRI dijo que el daño de este delito es cierto, sin embargo, la discusión está en la proyección de Derechos Humanos que no se ha discutido: organismos intenciones dicen que la prisión preventiva oficiosa lesiona los derechos humanos, he escuchado que implicaría liberar a 60 mil personas, lo cual, es falso, la prisión preventiva tendría que ser justificada y eso es parte de la peligrosidad de la persona que evada la justicia, pero no parte de un decreto, expresó.

También, ejemplificó el caso de los agricultores que sufren de extorsión por la venta de limón, dijo que la extorsión debe ser castigado y la prisión preventiva oficiosa no lo soluciona, en este caso específico, está medida no detiene la narco inflación y por ello, el problema no es que la apliquen, porque se dedican a otras cosas y no solo es contraria la reforma del 2011 sino al nuevo sistema de justicia penal que en teoría da la oportunidad de que pondere en mayor medida la presunción de inocencia.

Por su parte, Salvador Caro señaló que esta iniciativa agrega una medida cautelar para que los delincuentes que cometen delitos de esta extensión no lleven su juicio en libertad, y, además, la incitativa contiene una medida relevante para quienes dañan el heraldo público.

Las ventajas, según el legislador, son:

 

·   Dejar atrás concepciones ingenuas.

·  Entender las condiciones socioculturales, estructurales e institucionales que tiene el país.

·      Ofrece garantiza de competencia.

·       Protección a víctimas y testigos.

·    Prevención de nuevos delitos de los actuarios.

·        Agilización de procesos.

·        Percepción de seguridad.

·  Evita el riego de fuga y la obstaculización de las investigaciones.

Leone Godoy Rangel (Morena) aseguró que de no existir la prisión preventiva oficiosa, los delincuentes continuarían generando daño a la sociedad y finalizó diciendo que, por ello, el catálogo se debe extender y revisar.

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