19 de Agosto del 2024
Con la aprobación de la extensión del catálogo de la prisión preventiva oficiosa y la premura de la Reforma al Poder Judicial, ahora podrías ir a la cárcel por emitir mal tus facturas o por no saber declarar tus impuestos correctamente; además, de pagar la multa correspondiente.
El magistrado Etimio Ordóñez Gutiérrez del Segundo Tribunal Colegiado del XXIX Circuito en Hidalgo nos comentó que actualmente la reforma al Poder Judicial toca el tema de los delitos fiscales para erradicar la corrupción, pero no está bien analizada.
Es importante resaltar que estos procedimientos de revisión fiscal, inician desde la Secretaría de Hacienda (SAT) o las fiscalías de los Estados o las Tesorería de los Ayuntamiento mediante verificadores, quienes al detectar que alguien no ha pagado impuestos, da seguimiento.
Sin embargo, este procedimiento tienen vicios y fallas, por ejemplo, una empresa como Coca-Cola o TV Azteca puede presentar algún tipo de ‘evasión fiscal’ y no porque no paguen a tiempo, sino porque presentó sus declaraciones y no se supervisó correctamente o no se le obligó desde un principio a pagarlos.
“Además, si el contribuyente fue omiso en pagar, quién tiene que perseguir ese cobro es Hacienda y no el Poder Judicial”.
Ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa
La Corte Interamericana ha mencionado que la prisión preventiva oficiosa aquí en México, es excesiva, que no está justificada y no pasa el test de proporcionalidad, pese a ello, el Congreso de la Unión extendió el catálogo y ahora, aquellas personas que cometan defraudación fiscal y emitan comprobantes fiscales falsos, deberán estar en prisión hasta resolver su situación.
Ordóñez Gutiérrez señaló que este mecanismo debe ser examinado y que tiene ser para casos excepcionales, ya que no es lo mismo un delito de defraudación fiscal al caso de que una empresa o ciudadano, por descuido u olvido no pague sus respectivos impuestos.
Agregó que es grave y triste que se amplíe el catálogo; al menos para los casos de impacto económico para el gobierno sí es viable, pero no para que un empresario o cualquier otro ciudadano esté en la cárcel mientras lleva su procedimiento y termine pagando su impuesto.
“Al contrario, debería gozar provisionalmente de su libertad para seguir trabajando y poder pagar sus impuestos. Si lo reclutan y no va a poder trabajar ¿con qué va a terminar de pagar ese ese crédito fiscal o esa defraudación que haya cometido?”, concluyó.
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