31 de Octubre del 2024
PACHUCA. - Una jueza de control vinculó por fraude procesal a Miguel Ángel N, subdirector de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, quien enfrentará en libertad el procedimiento radicado en la causa penal 931/2024.
La denuncia en contra del funcionario público la inició Evelin C. T., quien se desempeñaba como titular de la dependencia en mención.
De los hechos radicados en la carpeta de investigación con número único de caso 12-2024-04234, se desprende que el imputado en fecha 14 de marzo del año en curso, ingresó un escrito a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).
El documento lo firmó en su calidad de subdirector de Comunicación Social de Turismo y mediante el escrito afirmó que Evelin Angélica C.T. fue responsable de una publicación que data del 3 de marzo de 2023. Por aquella publicación, el Partido Acción Nacional (PAN) se inconformó, lo que dio origen al expediente IEEH/SE/PO5/004/2023
Sin embargo, el escrito que ingresó el imputado al IEEH fue alterado para inculpar a la víctima con la finalidad de inducir al error al IEEH a emitir una resolución en la que se hiciera responsable Evelin C.T.
Con lo anterior, el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) consideró que Miguel Ángel N vulneró a la víctima, a la procuración y administración de justicia, así como la fe pública, por lo que solicitó un auto de vinculación a proceso.
En una continuación de audiencia inicial, la jueza de control Karina Vértiz Marín consideró que existían los datos de pruebas suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso. También otorgó un plazo de tres meses de investigación complementaria que concluye en enero de 2025.
De acuerdo con el artículo 323 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, el delito de fraude procesal lo comente quien "para perjudicar a alguien u obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico o un acto o escrito judiciales"
También si se alteran elementos de prueba o se realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error ante la autoridad judicial o administrativa con el fin de obtener sentencia o resolución contraria a la ley. La pena contempla de uno a siete años de prisión y multa de 30 a 300 días.
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