Con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y la fiscalización de los entes públicos del estado, diputadas y diputados presentaron un proyecto para modificar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.
Andrés Velázquez Vázquez señaló que el objetivo de esta iniciativa es agilizar los trámites y mantener informada a la ciudadanía sobre el gasto público. Para ello, se propuso que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) digitalice los procesos de rendición de cuentas públicas, tanto estatales como municipales, dotando a los responsables de las herramientas necesarias para cumplir con los principios de transparencia y austeridad.
El presidente de la Junta de Gobierno destacó que la fiscalización es fundamental para garantizar la transparencia en todos los sectores públicos y gubernamentales. Indicó que la ASEH, como órgano técnico dependiente del Congreso local, es responsable de la rendición y fiscalización de las cuentas públicas bajo los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, y que su labor incluye verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes y programas, con miras a mejorar la gestión de los entes públicos.
Propuestas para la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo:
- Se establece el dictamen técnico como el sustento jurídico para la ejecución de acciones legales derivadas de la fiscalización superior.
- Se refinan los procesos de diligencia de notificación, los cuales deberán constar en una cédula que incluya el nombre de la ASEH.
- Se dispone que la entrega de las cuentas públicas, tanto estatales como municipales, se realice por medios digitales, así como el informe de gestión financiera, con un plazo de entrega extendido.
- Se reforma el artículo 18 para dar seguimiento a las acciones y recomendaciones generadas hacia las entidades fiscalizadas, permitiéndoles corregir sus procesos.
- Se añade la fracción octava bis al artículo 28, que establece la obligación de las entidades fiscalizadas de atender las recomendaciones emitidas y su seguimiento, impulsando auditorías de desempeño para fomentar la mejora continua.
- Se amplía el plazo de 20 a 30 días hábiles para que las entidades fiscalizadas presenten información y hagan las consideraciones pertinentes tras la notificación del informe individual.
- Se introduce la constancia de solventación, la cual se emite cuando no existan observaciones pendientes por parte de la ASEH, garantizando la conclusión positiva del proceso de fiscalización, sin eximir a los servidores públicos de las responsabilidades derivadas de su ejercicio o de sus facultades.
- Se otorga a la ASEH la facultad de remitir un reporte final al Congreso con recomendaciones para mejorar la gestión de la cuenta pública, brindando un seguimiento adecuado a las acciones de las entidades fiscalizadas.
- Se refuerza el proceso de imposición de multas de manera clara y precisa, señalando expresamente el derecho del presunto infractor a fundamentar y justificar su incumplimiento en caso de que se le pretenda imponer una sanción.
“La fiscalización no debe entenderse como un acto de desconfianza, sino como un pilar que sostiene la legitimidad de la gestión pública. Necesitamos fortalecer las capacidades técnicas de la auditoría, dotándola de herramientas que permitan realizar auditorías efectivas y en tiempo real. La digitalización será un aliado que facilitará el seguimiento y control de los recursos”, concluyó.
Diego Sosa Tang
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